Autor: SOLEDAD NEIRA FARÍAS

Problemas de drenaje y de manejo de residuos afectan a los cementerios municipales
Problemas de drenaje y de manejo de residuos afectan a los cementerios municipales Un peregrinar entre cementerios denunciaron en Puerto Montt los hijos de una mujer fallecida que no pudieron usar la tumba en la que ya descansaba el esposo de la difunta, muerto hace unos años y quien con mucha anticipación había comprado la sepultura familiar en el camposanto de Chin Chin, en la parte alta de la capital de la Región de Los Lagos. La razón: tenía prohibición de inhumar tras una fiscalización de la autoridad sanitaria el 15 de enero pasado. “Encontramos muchas deficiencias desde el punto de vista de salubridad, también de salud ocupacional.
Levantamos un sumario, pero las condiciones daban para una prohibición de sepultación mientras no se subsanaran las condiciones sanitarias”, dice la seremi de Salud, Karin Solís, quien agrega que pese a que han vuelto a inspeccionar, no se han subsanado las deficiencias.
Y aunque el municipio tuvo que disponer de una sepultura “provisoria” para la difunta, el propio alcalde Rodrigo Wainraihgt (RN), junto con asegurar que se están resolviendo las observaciones, señala que el recinto “funciona hace más de 50 años y nunca ha tenido resolución”. El edil que asumió en diciembre pasado deja en evidencia una situación que afectaría a cerca del 80% de los camposantos municipales, parroquiales e indígenas que existen en el país. Sin catastro oficial Sin datos formales consolidados a nivel país, son las seremis de Salud las que llevan el registro de cementerios, pero no todas lo tienen disponible. Tomás Domínguez, arquitecto y quien desde hace 25 años impulsa el Proyecto Ciudad de los Muertos, recuerda que en 2020, mediante solicitud a Transparencia, consiguió que ocho regiones entregaran información sobre resoluciones sanitarias. A partir de esos datos parciales, estableció que solo el 22,54% de los camposantos contaba con esos permisos de funcionamiento, mientras que el 77,46% no los tenía. A modo de ejemplo, consultada por “El Mercurio”, la Seremi OIRUCREMLE los restos del comunero Pablo Marchant confirman que hay muchos sitios donde las comunidades inhuman a sus muertos y no existen registros oficiales.
En su mayoría, los cementerios son previos a la entrada en vigencia de la Ley 18.096 (enero de 1982) y fueron traspasados desde los entonces Servicios de Salud a las municipalidades, lo que implicó la transferencia integral de su administración.
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) asegura que las comunas enfrentan obstáculos para regularizar, tales como “carencias en infraestructura básica como sistemas de drenaje, manejo de residuos, señalética y accesos universales, falta de documentación técnica exigida por las autoridades de Salud, planos actualizados, catastros y reglamentos internos”, detalla Carlos Carrasco, secretario técnico de la comisión de Salud de la entidad. A ello se suman agrega la escasez de personal especializado en normativas sanitarias y restricciones presupuestarias que afectan especialmente a municipios rurales.
Al mismo tiempo, apuntan a la falta de claridad en los requisitos y la lentitud de algunas respuesde La Araucanía confirma que de los 51 cementerios municipales o parroquiales, solo el 20% tiene permiso, pero además hay sobre 400 recintos indígenas.
De hecho, las reiteradas tentativas de la justicia por exhumar ARIENDADELOS tas institucionales, afirma Carrasco, quien cita un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de 2021, “que resulta especialmente relevante, ya que recomendó simplificar los procesos, estandarizar criterios entre las seremis de Salud y establecer plazos definidos para la evaluación de proyectos de cementerios y crematorios”. Al respecto, el diputado Daniel Lilayú (UDI), médico e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, dice que ofició a la Contraloría General de la República solicitando “un pronunciamiento respecto de la situación de cementerios que no cuentan con resolución sanitaria” y que instruya que se cumpla la norma.
Y cita el caso de Osorno, en una situación que se repite en muchas ciudades, donde el crecimiento de las urbes ha ido dejando a los camposantos muy cerca de las casas, cuando la normativa prohíbe que estén a menos de 25 metros.
“Aunque me encantan los perros y sé que se necesitan cementerios o crematorios principalmente para la gente que vive en departamento, resulta deshumanizado el anuncio presidencial de la última Cuenta Pública en que se prioriza una política de creación de cementerios públicos para mascotas, cuando la mitad de las ciudades de Chile tiene los cementerios públicos saturados.
Es una política pet friendly que posterga a las personas a un segundo lugar, principalmente a las más pobres”, agrega el arquitecto Domínguez.. El diputado Daniel Lilayú, médico e integrante de la comisión de Salud, ofició a la Contraloría para que se pronuncie respecto de la situación, que constituye “un grave riesgo sanitario”. En su gran mayoría también son parroquiales o indígenas, previos a la ley que regula su instalación: Problemas de inundación, falta de calles, tumbas de las que han desaparecido los restos, entre otras situaciones, enfrentan quienes van a visitar a sus deudos. En la foto, el sobrepoblado cementerio de Ancud. Daños en tumbas y mal estado de instalaciones se observan en el Cementerio General de Santiago, como en el mausoleo del general Baquedano.