Editorial: SECRETO BANCARIO Y GARANTÍAS CIUDADANAS
Editorial: SECRETO BANCARIO Y GARANTÍAS CIUDADANAS E n el último tiempo, Chile ha dado pasos importantes en ciberseguridad.
Prueba de ello son la puesta en marcha de la Agencia Nacional en la materia y la implementación del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, que reflejan el esfuerzo institucional por enfrentar amenazas digitales con una gobernanza moderna y especializada. Aun así, el aumento de ciberataques y el auge del fraude digital muestran que la normativa requiere todavia roeforzar su músculo operativo, y una coordinación más efectiva con la PDI y la Fiscalia.
En este marco, el debate sobre el levantamiento del secreto bancario adquiere un nuevo foco de relevancia, pues su apertura implicaria gestionar datos financieros de altisima sensibilidad y, por tanto, elevar el estándar de ciberseguridad exigible.
El secreto bancario, más que un privilegio, es una garantía básica de privacidad; su eventual levantamiento debe ir acompañado de salvaguardas técnicas y legales que aseguren que la información obtenida no se convierta en un riesgo para los derechos ciudadanos ni en un flanco abierto ante amenazas digitales.
Actualmente, dos proyectos apuntan a levantarlo: el Ejecutivo ha insistido en incorporarlo en la iniciativa sobre inteligencia económica que está en la Cámara, otorgando facultades para que la UAF acceda a él sin pasar por tribunales -antes rechazado en el Senado -; y en la comisión de Economía del Senado se impulsa el acceso a los datos bancarios de quienes logren cargos de elección popular y de funcionarios nombrados por el Presidente de la República.
Aunque se trata de una herramienta clave para combatir el lavado de dinero y la corrupción, el debate ha estado cruzado por la campaña electoral, con un fuerte foco en esta herramienta como panacea para combatir al crimen organizado. Sin embargo, los estándares internacionales muestran que países como Suiza, EEUU o Singapur lo han levantado progresivamente bajo condiciones: una base legal clara, limites temporales, auditoria externa, justificación por escrito, protección de datos y transparencia. Las recomendaciones de expertos apuntan a que su uso debe estar cuidadosamente regulado para evitar vulneraciones de derechos fundamentales y evitar su utilización con eventuales fines politicos. La OCDE y Gafilat coinciden en que el levantamiento debe ser excepcional, proporcional y con controles legales. Y, en esa linea, no promueven su eliminación general, sino un acceso regulado, con supervisión. Eliminar el secreto bancario no es una garantia de que el crimen organizado deje operar.
Más que un acceso irrestricto, y un escenario donde proliferan propuestas para enfrentar al delito, es importante poner al centro que esta tarea no puede lograrse sacrificando derechos, sino más bien con instituciones robustas, reglas claras y contrapesos eficaces, que no pongan en entredicho las garantías del Estado de Derecho.. El combate al crimen organizado no puede lograrse sacrificando derechos. EDITORIAL