Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.

Las nuevas sanciones que arriesgan los funcionarios públicos por los plazos de la “permisología”
Las nuevas sanciones que arriesgan los funcionarios públicos por los plazos de la “permisología” El proyecto más relevante en la agenda del Gobierno para reducir la “permisología” está ad portas de salir del Congreso, tras lograr acuerdos con la oposición respecto de sus principales puntos en discordia.
La sala del Senado debería concluir esta semana la votación en particular, pues ya aprobaron la idea de legislar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, para luego avanzar al último trámite en la Cámara de Diputados. Con ello se podría despachar la reforma en las próximas semanas. Si bien en la Cámara Alta hubo un debate donde principalmente senadores oficialistas cuestionaron el riesgo de reducir estándares de protección ambiental, el proyecto ya cuenta con un respaldo transversal.
Un punto clave para dicho apoyo fue la negociación en las comisiones de Economía y de Hacienda, donde uno de los focos de discusión fue un tema que incomodaba al Ejecutivo: sanciones directas para los funcionarios públicos que incurran en retrasos respecto a los plazos legales de los trámites vinculados a la “permisología”. El ministro de Economía, Nicolás Grau es contrario a esta idea, pues argumentó en el trámite legislativo que puede conducir a resultados indeseados, como el rechazo de autorizaciones solo por cumplir con los tiempos. Con todo, comenta a “El Mercurio” que “quedó bien resguardado a pesar de que es un muy buen ejemplo de algo que, en un diseño ideal nuestro, no hubiera estado incluido.
Creo que el resultado final es razonable, es un buen acuerdo entre la visión que tenía principalmente la oposición y la visión que teníamos nosotros”. Lo que quedó establecido en el proyecto contempla sanciones monetarias que afectan a los jefes de servicio donde se verifique que hubo una negligencia a la hora de llevar a cabo los trámites conforme a la ley.
Esto implica resolver las solicitudes dentro de los plazos est a b l e c i d o s, evacuar los informes requeridos en t i e m p o y forma, not i f i c a r oportunam e n t e y a p l i c a r correctamente las reglas sobre suspenOLLAVRACNÁITSIRC sión de plazos, principalmente.
El mecanismo para aquello involucra a la nueva oficina que quedará a cargo de monitorear la “permisología”, que deberá evacuar reportes semestrales tanto a las jefaturas de los órganos respectivos como a Contraloría, quienes podrán adoptar medidas correctivas y disciplinarias vinculadas con el principio de responsabilidad administrativa.
S i l a C o n t r a l o r í a v e r i f i c a mediante un sumario administrativo que hubo un incumplimiento injustificado de los plazos legales, podrá aplicar una multa de hasta el 20% de la remuneración mensual para los jefes de serv i c i o, l a que puede aumentar hasta 30% en caso de reincidencia. Puntualmente, la ley establece que la sanción “considerará la existencia de causas externas a la autoridad o jefatura que no hayan sido previsibles o gestionables dentro del ámbito de sus atribuciones.
La justificación del incumplimiento deberá ser específica y verificable”. La ley también incorporó otra vía mediante la cual se pretende ZEÁBEPI conducir el desempeño de los funcionarios que intervienen en la ruta de los permisos, a partir de los incentivos ya vigentes en la gestión pública.
Así, por ejemplo, se modifica la ley que regula los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) y los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC), para establecer que los servicios responsables de otorgar autorizaciones deben considerar, cuando elaboren propuestas de indicadores y metas en estos instrumentos, las recomendaciones que haga la nueva oficina orientadas al cumplimiento de plazos máximos.
También se incorpora la inclusión de estas metas en la normativa que regula al Sistema de Alta Dirección Pública, para hacerlas extensivas a los jefes de servicio designados por esta vía y que tengan a su cargo la entrega de autorizaciones sectoriales.
Aunque este tipo de incentivos no estaba en el proyecto original, el ministro Grau afirma que hubo una conversación con la Agrupación Nacional d e E m p l e a d o s F i s c a l e s (ANEF) respecto de la incorporación de los nuevos castigos. En la entidad también asistieron al trámite legislativo para dar cuenta de su oposición a la norma.
Ahora que el proyecto está prácticamente resuelt o, e l p r e s i d e n t e d e l a ANEF, José Pérez, sostiene que “rechazamos una nueva modalidad de sanción para una cuestión que no conversa con lo que ya tiene la administración pública, que cuando uno no cumple con lo que fue contratado hay procedimientos regulares de investigación, de sanción, después de eso sumario”. Añade que “esta suerte de zanahoria y castigo creo que no es la forma de aplicar (... ), una equivocación no es un abandono de deberes.
Incluso tenemos también procedimientos de cumplimiento de metas, entonces creo que eso no aporta en nada, solo contamina el proyecto”. El ministro Grau opina que los cambios que se introdujeron en el Senado permitieron moderar varias de las preocupaciones en esta materia. “La sanción en salarios solo puede ser a los jefes de los servicios, es decir, no son para las personas que tienen una carrera funcionaria y que no tienen responsabilidades políticas.
Además quedó muy claro que esas sanciones solo pueden existir en la medida que haya un debido proceso, y que en ese debido proceso se verifique que ese jefe de servicio tenía los elementos para cumplir los tiempos de manera adecuada y no lo hizo a pesar de aquello”, argumenta. Si bien mantiene su rechazo, Pérez valora estas modificaciones.
“La autoridad tiene responsabilidad administrativa, facultades legales y también tiene la remuneración acorde a hacerse cargo de un equipo humano y de los proyectos, de ejecutar la política pública y dar dirección a ese equipo”, destaca. La reforma también contempla sanciones a los titulares de proyectos. Al establecer como un mecanismo para agilizar determinados permisos la posibilidad de reemplazarlos por declaraciones juradas, se crea un régimen de sanciones en caso de abuso de este instrumento.
“Zanahoria y castigo” Sanciones e incentivos Nicolás Grau, ministro de Economía.. Aunque fue un punto en discordia durante toda la tramitación de la iniciativa, el Gobierno y la oposición zanjaron una fórmula que castiga la remuneración de los jefes de servicio si la Contraloría verifica que hubo negligencia. Según la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que está pronta a salir del Congreso: José Pérez, presidente de la ANEF.