Autor: • GUILLERMO V. ACEVEDO

HISTORIA DE UN “DESACATO”: EXPERTOS RESPALDAN ACCIÓN DE LA FAMILIA CORREA por terrenos tomados en Quilpué
HISTORIA DE UN “DESACATO”: EXPERTOS RESPALDAN ACCIÓN DE LA FAMILIA CORREA por terrenos tomados en Quilpué ALLICNAMNAHTANOJ Acinco años del crimen del empresario Ale jandro Correa en Con cón, su familia espe raba que a estas altu ras su apellido no tu viese vinculación con losterrenosdeQuilpué, paño que fue to madoycuyadenun cia por usurpación le significó ser asesinado. Hoy, el terreno si gue ocupado de manera ilegal.
“Este mes se cumple un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha cer efectiva su propia resolución de demoli ción sobre el terreno que pertenece a mi fa milia”, pero este aún está tomado, acusó Valentina Correa, hija del empresario en una carta a “El Mercurio”. Pero el desarrollo de la tramitación del desalojo y la posterior demolición de vi viendas ha dado un nuevo giro.
El 4 de ju nio, la familia Correa ingresó un escrito an te la Corte de Valparaíso acusando que la Seremi de Vivienda de Valparaíso estaría incurriendo en un “desacato” del fallo dictado por el tribunal, dado que aún no se concreta el desalojo de cerca de 44 viviendas, en la comuna de Quilpué. Y la visión de abogados ex pertos en la materia es clara. El abogado Carlos Cortés afirma que “el desalojo de un inmue ble usurpado es ordenado por la Justicia. En este sentido, son las entidades públicas las encargadas de imple mentar la resolución de la Corte de Apela ciones.
No es posible endosar dicha res ponsabilidad a la víctima del delito, esto es, los propieta rios del inmueble”. Agrega que “po nerse en rebeldía de los fallos judiciales, no solo puede ser in S terpretado como lo ETRO que se señala (desacaCOI to), sino que genera DUA responsabilidades adLC ministrativas impor tantes. (... ) Es atentar contra el Estado de Derecho”. A su vez, el presidente del Colegio de Abogados y ex contralor general de la República Ramiro Mendoza coincide en que “habiendo un pronunciamiento en la Corte, la autoridad administrativa no puede desconocer una sentencia”. De hecho, afirma, “si se desconoce o se cuestionan las decisiones judiciales, los administrativos pueden incurrir en el delito de desacato”. La seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, explica que “al Serviu se le notificó la demolición de las construcciones ilegales, y no contempla el desalojo de las familias que están en el inmueble.
No tenemos ni facultades ni competencias, por tratarse de un terreno privado”. La demolición solo puede hacerse efectiva “una vez que el terreno esté en condiciones (deshabitado), como lo establece el Protocolo de los Derechos Humanos y de la Corte Suprema que indica que el desalojo debe realizarse antes de la demolición”, comenta. Agrega que “no es una cuestión de voluntad”, y que debe ser tramitado en otro procedimiento judicial gestionado por el propietario, lo que traspasa la función de desalojo a los Correa.
Pero acorde a lo planteado por los expertos, la familia ha expresado que pedir el desalojo directamente los pone en una posición riesgosa, y temen incluso por su seguridad, dado que acusan algunos de los ocupantes estarían relacionados con la muerte de Alejandro Correa.
“Soy plenamente consciente de que enfrento a un adversario muy peligroso: el narcotráfico”, afirma Valentina Correa, “por eso insisto en que sea el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, quien ejecute la demolición de las construcciones ilegales y solicite el desalojo”. La abogada de la familia, Jeanette Bruna, alerta que “cuando el padre puso una denuncia lo mataron, y hoy la Seremi le pide a la familia que vaya a tribunales”. No obstante, en 2022, la familia Correa ya había presentado una petición para ordenar el desalojo en el Tribunal de Garantía de Quilpué mientras Juan Pablo Hermosilla los representaba, pero se desestimó. Además, ya se habría decidido en 2021 que ese desalojo se resolvería entre instituciones, comenta la abogada. “La autoridad urbanística es la responsable de despejar las trabas. El Serviu puede pedirle a la municipalidad que haga el desalojo de la mano de la fuerza pública, pero no lo ha hecho.
La municipalidad tiene potestad ya que no hay permisos ni recepción de esas viviendas”. ”Deben cumplirle a la Corte” En 2021, la Municipalidad de Quilpué solicitó al Serviu/Minvu que se dictara una orden de demolición, puesto que las construcciones estaban fuera de ley, construidas en zona de riesgo y además el terreno no admitía viviendas según el plan regulador.
La abogada Bruna apunta a que “el Serviu podría haber hecho el trabajo como en las demás tomas, de acercarse a las familias para que empiecen a hacer abandono voluntario u ofrecer alguna solución habitacional y no lo ha hecho”. Con todo, hoy “se desconoce” que en junio de 2021 la Seremi ordenó cumplir con la demolición por parte del Serviu, “con cargo al presupuesto anual asignado al Serviu”, y que se disponga del “auxilio de la fuerza pública para ejecutar la medida”, se lee en el documento. Desde Carabineros confirman que “no han recibido una orden de desalojo o de auxilio de asistencia pública” proveniente de ninguna institución, que es el paso mínimo para planificar e iniciar una operación de desalojo. En esto se basan los reclamos de la familia. “En aquella instancia, la Dirección de Obras Municipales solicitó a la Seremi demoler sin pasar por la familia, porque tiene la potestad de hacerlo”, dice la abogada. Y frente al argumento expuesto por el Serviu, la familia interpuso un recurso de protección. “Lo hicimos, y el Serviu utilizó el mismo argumento que es citado hoy”, dice Bruna. Y la Corte de Apelaciones desatendió esa excusa, diciendo que es ilegal esta omisión y ordena notificar la orden de ejecución y seguir adelante con la misma, en agosto de 2024. “Más allá de una discusión interpretativa de la ley, el tema es que ese argumento del Serviu ya se desestimó y ahora deben cumplirle a la Corte”, agrega la abogada. El propio ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo en noviembre del 2024 que ya estaba “todo notificado.
El Serviu tiene la instrucción de cumplir lo que la Corte dijo, que había que desalojar para demoler”. De hecho, en marzo de este año, el Serviu de Valparaíso solicitó al Minvu los recursos para demoler las construcciones ilegales, por un monto de $100 millones. En este oficio, figura que la demolición estaba programada para el primer semestre de 2025. Pero no se concretó, y todo apunta a que se extenderá un largo tiempo.
Para Bruna, esta sería “una estrategia para enredar y extender la tramitación apuntando a los deberes del propietario. (... ) Justo en un año de elecciones”, afirma, una postura que la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, “descarta totalmente”. La odisea de Valentina “La injusticia me ha movilizado toda mi vida y lo seguirá haciendo.
Por eso trabajé en proyectos de seguridad alimentaria, apoyando a víctimas de abuso sexual y, ahora, desde mi propia historia familiar, he insistido en cerrar todas las aristas del crimen de mi papá”. Pero hoy busca algo más profundo, “que el Estado de Derecho se fortalezca, que las instituciones funcionen y que las leyes y fallos se cumplan, porque sé que esa es la base democrática del país en el que quiero vivir”. Valentina Correa es socióloga, fue directora ejecutiva de Fundación para la Confianza y hoy dirige los Asuntos Internacionales del Gobierno de Santiago. En 2024 se fue a London School of Economics a cursar un Máster en Políticas Públicas con una beca de la Fundación Luksic. Han sido años marcados por “una cadena interminable de promesas incumplidas por parte de ministros, subsecretarios, gobernadores y consejeros regionales”, agregó. Y lo que busca la familia ya no es recuperar para preservar los predios, sino cerrar este episodio y “quitar el apellido Correa del terreno”, dice su abogada. Para eso habrían conversado con la municipalidad y autoridades regionales sobre la posibilidad de una compra para crear allí espacios y edificios públicos, como un parque abierto, un terminal, o un cuartel para la PDI. De hecho, el Gobierno Regional habría aprobado la compra de los terrenos para esos fines.
“Cumplir la orden judicial no es solo hacer justicia, sino una obligación legal y una señal urgente de que el crimen organizado no se tolera, no se normaliza y no se instala”, sentenció.. La demolición del campamento estaba proyectada para el primer semestre de este año, según consta en un oficio del Serviu, aunque ahora la entidad sostiene que el desalojo es un trámite que corresponde a la familia. “Habiendo un pronunciamiento en la Corte, la autoridad administrativa no puede desconocer una sentencia”, dice el abogado y ex contralor Ramiro Mendoza. En marzo, Serviu solicitó recursos para cumplir fallo de la Corte de Apelaciones Valentina Correa, socióloga. Toma de terrenos de la familia Correa, en la comuna de Quilpué.