Editorial: “Papaya Gate” y la necesidad de reformas urgentes
Editorial: “Papaya Gate” y la necesidad de reformas urgentes El caso “Papaya Gate”, con su red de irregularidades y el consecuente perjuicio al fisco, expone la fragilidad de los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
La formalización de cinco personas por fraude al fisco, con un perjuicio superior a los 900 millones de pesos, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), y la solicitud de prisión preventiva para la exintendenta Lucía Pinto Ramírez, el exadministrador regional José Cáceres Rojas y el gerente de las Inmobiliarias Pablo Bracchitta por un fraude que supera los 4.000 millones de pesos según el Consejo de Defensa del Estado (CDE), demuestra una preocupante falta de probidad y un actuar deliberado para evadir las normas. La investigación revela una compleja trama que involucraría la sobrevaloración de terrenos, la creación de sociedades fantasmas, maniobras contables fraudulentas, y la omisión sistemática de advertencias de la Contraloría General de la República.
El caso no se limita a una simple transacción inmobiliaria irregular; se trataría de una sofisticada operación que se extendió por más de una década, con una ingeniería societaria diseñada para inflar artificialmente el valor de los terrenos y reducir la carga tributaria.
La compra de terrenos por parte del gobierno regional de Coquimbo a un precio exorbitante de más de 6 UF por metro cuadrado, ignorando tasaciones mucho más bajas y otras opciones más económicas, es una muestra clara de la gravedad de las acciones. El hecho de que funcionarios públicos, con el conocimiento y consentimiento de la máxima autoridad regional, habrían actuado en beneficio propio, perjudicando gravemente al erario público, es inaceptable.
La magnitud del daño al fisco, tanto por el sobreprecio en la compra de terrenos como por la evasión tributaria, demuestra la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública. La investigación debe profundizar en las responsabilidades de todos los involucrados, incluyendo la posible complicidad de otras autoridades que participaron en la aprobación de la compra. Es fundamental que se establezcan sanciones ejemplares para quienes se aprovechan de su posición para enriquecerse ilícitamente a costa del Estado. El caso “Papaya Gate” no es un hecho aislado. Representa una problemática sistémica que requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades. Se necesita una reforma profunda que refuerce la probidad administrativa, mejore los mecanismos de control interno y garantice una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos. La ciudadanía exige una administración pública eficiente, honesta y responsable y este caso nos recuerda la importancia de exigir rendición de cuentas y luchar contra la corrupción en todos sus niveles. La impunidad no puede ser una opción. La justicia debe actuar con firmeza para que casos como este no se repitan. EDITORIAL. Es fundamental que se establezcan sanciones ejemplares para quienes se aprovechan de su posición para enriquecerse ilícitamente a costa del Estado. EDITORIAL