“Cuadrar información”, oficiar a Extranjería y revisar rol de médicos colombianos entre primeras diligencias por caso Licencias
SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 1 DE JUNIO DE 2025 nacional(0mercurio. Cl L. CRUZAT Y G.
CABELLO Un disco duro con “múltiples” antecedentes —nombres, repartición pública a la que pertenecen, licencias médicas y salidas del país— remitió la Contraloría General de la República a la Fiscalía Metropolitana Oriente esta semana en el marco del denominado caso Licencias. No es un informe o auditoría “tradicional”, como los que suelen divulgarse en el portal del organismo fiscalizador, sino un “CIC”, un Consolidado de Información Circularizada, que cruza bases de datos de entidades públicas. El contenido del archivo es el detalle de los prácticamente 25 mil casos de funcionarios que viajaron fuera de Chile estando con licencia médica entre 2023 y 2024.
Los investigadores comenzaron la revisión de la información y decretaron las primeras diligencias para verificar la situación de cada trabajador denunciado, pues, pese a que ya el órgano contralor recabó estos antecedentes, el estándar de la investigación penal es distinto al de una indagatoria administrativa y se requiere chequear la evidencia que se va incorporando al expediente. El viernes se conoció, por ejemplo, el caso de una funcionaria de Chile Valora, su secretaria ejecutiva Ximena Rivillo, quien se querelló por suplantación de identidad. Dice que estaba en Chile —en el Senado— los días en que se le acusa estar con licencia y fuera del territorio nacional.
Cruce de datos con otra indagatoria “Cuadrar información”, oficios a Extranjería para requerir las salidas y entradas al país de los indagados y la revisión del rol de una red de médicos colombianos, son algunas de las pesquisas planificadas por la jurisdicción que encabeza la fiscal regional Lorena Parra, a quien el jefe del Ministerio Público, Angel Valencia, asignó la causa, dado que ya había indagatorias que pudieran estar relacionadas con estos casos, como es justamente aquella en que se formalizó a los facultativos extranjeros por la emisión de miles de licencias frauFiscalía Metropolitana Oriente busca verificar situación de cada funcionario denunciado: — El marco de esta nueva causa lo da otra investigación por el uso de ese tipo de documentos fraudulentos, que involucra a una red de extranjeros. En el oficio reservado que el fiscal nacional, Ángel Valencia, envió a los investigadores asignados, detalla “la gravedad de los hechos” y los ilícitos pesquisados.
La Fiscalía Metropolitana Orie: nte ya recibió los antecedentes del Cc a aso para iniciar la revisión de las acciones que pudieron desplegar 25 mil funcionarios públicos que viajaron fuera del país pese a contar con reposo. Dulentas, las que se ofrecían por redes sociales, con captadores o mediante el “boca en boca”. Por un mes de reposo, podía cobrarse hasta $95 mil. Será clave, dicen conocedores del caso, ver si las licencias de los funcionarios públicos recientemente denunciados por la Contraloría fueron emitidas por alguno de estos médicos colombianos. O también por algunos de los centros médicos indagados. El oficio de Valencia: “Pueden revestir carácter de delito” En el oficio reservado del fiscal Valencia —en que nombra a la persecutora Parra— se revela la entidad de los ilícitos indagados.
En un documento al que accedió “El Mercurio”, el jefe del Ministerio Público explica el caso: “Que con fecha 20 de mayo de 2025 se recibió en esta fiscalía nacional el oficio N? E82498/2025 de la Contraloría General de la República, por el cual se remite Consolidado de Información Circularizada (CIC) N*9 de 2025, sobre licencias médicas de funcionarios públicos y personas que trabajan en entidades financiadas con fondos públicos, que registran salidas al extranjero durante el lapso en que hacían uso de sus licencias médicas, hechos que pueden revestir carácter de delito”. FELIPE BÁEZ — m ¿ Ampliar indagatoria? La indagatoria de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que cerca de 25 mil funcionarios públicos usaron licencias médicas estando de vacaciones ha remecido diversas instituciones del Estado, mientras el organismo fiscalizador espera seguir elaborando informes de este tipo en los próximos meses, aunque relativos a otras materias. Aunque los casos expuestos abarcan 2023 y 2024, en los últimos días el querellante en el caso, Luis Mariano Rendón, solicitó a la fiscal regional Lorena Parra, ampliar la investigación a 2021 y 2022. “La prescripción de los simples delitos es de cinco años, por lo tanto, aparece como de toda justicia ampliar la investigación al menos a los años 2021 y 2022. Esto debiera redundar en un número mayor de condenas, tanto para médicos emisores como para usuarios fraudulentos. Con ello, debiésemos apuntar a una erradicación más profunda de este fraude”, dijo el abogado. Este medio consultó la opinión de otros abogados sobre la viabilidad de este requerimiento. "Dado Para luego detallar los ilícitos y asignar las pesquisas. Entre ellos, posibles figuras penales como emisión u obtención de licencia falsa o la obtención fraudulenta de prestaciones de parte del Estado.
“Atendida la gravedad de los hechos referidos en el Considerando 1 de la presente resolución, que podrían ser constitutivos de los delitos previstos y sancionados en el artículo 202 y 407 N* 8 del CóAbogados evalúan propuesta que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria es de cuatro años, quizás el tiempo que se va a emplear en realizar ese informe puede coincidir con este plazo de prescripción”, dice la abogada especialista en Derecho Público y académica de la Universidad de los Andes, Tatiana Vargas, por lo que propone "se mantenga un estándar de control en el futuro, para evitar que esto se reitere”. Mientras que la abogada penalista, Catherine Lathrop, apunta que "efectivamente, puede extenderse por esos períodos, porque la responsabilidad administrativa es independiente de la penal”, por lo que cree, "se deben establecer todos los antecedentes y ser enviados al Ministerio Publico, para que ellos decidan si están prescritos o no”. El abogado de Derecho Público y profesor de la U. Católica de Valparaíso, Eduardo Cordero, en tanto, concuerda con Lathrop.
Pero sostiene que "debemos tener en consideración la cantidad y masividad de los casos, cosa de que se seleccionen las más gravosas, a fin de llevar a cabo una acción persecutoria con finalidades disuasivas”. Digo Penal, sin perjuicio de otro u otros ilícitos que pueden haberse cometido, se estima conveniente que la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal y la protección a las víctimas y testigos, esté a cargo de un fiscal regional (... ). Desígnese a doña Lorena Parra, fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, con el objeto de que dirija las investigacio- ” Tes.