Autor: Por Joaquín López Barraza

Vecinos denuncian desalojo arbitrario contra adulta mayor que cuidó canchas municipales por 40 años
Vecinos denuncian desalojo arbitrario contra adulta mayor que cuidó canchas municipales por 40 años Lo que comenzó como un trabajo estable ofrecido por la propia municipalidad en plena década de los 80 se transformó en el hogar y lugar de vida de Margarita Barrera por casi cuatro décadas. Hoy, la mujer -que apenas puede hablar por problemas de saludenfrenta un inminente desalojo de la casa que habita dentro del recinto deportivo de Vega Sur, donde trabajo como cuidadora y mantenedora desde 1986. En 1986, la Municipalidad de La Serena contactó a Margarita Barrera para ofrecerle el puesto de cuidadora de las canchas y áreas verdes del club de deportes local, que operaba bajo comodato municipal. El cargo incluía vivienda en el mismo recinto. La propia municipalidad la trasladó desde su hogar arrendado en Las Compañías hasta el predio de la parcela 41, junto a su esposo e hijos, para que asumiera sus labores. La mujer se dedicó por completo a la mantención del lugar, que en sus primeros años incluso conservaba instalaciones de una antigua escuela agrícola. Según relata su vecina Paola Rojas, Margarita cumplió funciones de resguardo día y noche, alejando a desconocidos, previniendo robos y manteniendo las canchas y sus alrededores. «Ella ha dado su vida por ese recinto. Su esposo murió ahí apoyandola en el trabajo. Nunca ha sido una toma, llegó de forma regular y contratada», afirmó. Con el tiempo, la relación laboral dejó de formalizarse en pagos y cotizaciones, lo que obligó a Margarita a demandar al municipio. Los tribunales fallaron a su favor, reconociendo la relación laboral y ordenando el pago de cotizaciones y finiquito. Sin embargo, según Rojas, esas resoluciones nunca se cumplieron. La trabajadora permaneció en el predio, incluso después de que el comodato pasó al Club Deportes La Serena, que la ratificó como encargada del cuidado. En 2015, el recinto fue intervenido por un proyecto de remodelación y construcción de nuevas canchas. La municipalidad le pidió trasladar su vivienda unos metros para habilitar el terreno, asegurándole que no habria inconvenientes. Sin embargo, la nueva ubicación coincidia con un trazado proyectado para una futura vía de evacuación. En 2022, cuando el Serviu comenzo la ejecución de esa obra, la considero ocupante irregular. Tras conocer su situación, el organismo modificó el diseño para evitar su desalojo y dejó sin uso el tramo que afectaba a la vivienda. Pese a ello, en 2025 la amenaza reapareció. "Ella no está en una via de evacuación, está en un pantano, entre árboles, donde no molesta a nadie. El Serviu no quiere sacarla; es la alcaldesa la que está detrás de esto, y de muy mala forma: no recibe cartas, no contesta audiencias, no quiere mediar», denunció Rojas. La vecina asegura que en las últimas semanas el hostigamiento se ha intensificado. Funcionarios municipales han entregado notificaciones a escondidas y sin certificación, lo que, a juicio de la comunidad, vulnera el debido proceso. "Es una perturbación constante, y eso ha deteriorado su salud. Está con problemas médicos y vamos a sumar informes psicológicos para respaldar la defensa», añadió.
Mientras los vecinos preparan un recurso de protección y solicitan la intervención de organismos regionales, Margarita permanece en su hogar rodeada de árboles, a la espera de que la municipalidad reconsidere. «Si la sacan así, estarían borrando de un plumazo 40 años de trabajo y cuidado. Ella merece respeto y justicia, no un desalojo por la fuerza», sostiene Rojas. La señora Margarita Barrera, de 75 años, fue contratada en 1986 por la Municipalidad de La Serena para resguardar el recinto deportivo de Vega Sur.
Pese a contar con fallos judiciales que acreditan su relación laboral, hoy enfrenta un proceso de restitución que vecinos califican como injusto y sin fundamento.. La señora Margarita Barrera, de 75 años, fue contratada en 1986 por la Municipalidad de La Serena para resguardar el recinto deportivo de Vega Sur. Pese a contar con fallos judiciales que acreditan su relación laboral, hoy enfrenta un proceso de restitución que vecinos califican como injusto y sin fundamento.