Autor: Francisca Palma Schiller francisca.palma@estrellavalpo.d

Caso Pümpin: Municipio enfrenta complejo escenario judicial
Caso Pümpin: Municipio enfrenta complejo escenario judicial a municipalidad de valparaíso no termina de ponerse en pie cuando un nuevo golpe vuelve a mandarla a la lona y esta vez podría ser un nocaut.
Y es que a las abultadas cifras relacionadas a las deudas acumuladas por la falta de rendición de las subvenciones otorgadas por la administración comunal durante los últimos años, hoy se suman una serie de desprolijidades en uno de los juicios más importantes del último tiempo y el que podría golpear directamente las arcas municipales de una manera nunca antes vista.
Hablamos del Caso Pümpin, conflicto que inició en el año 2013 luego de que la Inmobiliaria del Puerto SpA comprara 10 hectáreas en el sector de Barrio O'Higgins con el fin de levantar un proyecto habitacional, denominado "Parque Pümpin". Tras esta compra, comenzó la batalla por parte de la municipalidad de Valparaíso, al declarar ilegal el permiso de construcción, dando paso a una significativa disputa administrativa y judicial con la inmobiliaria.
A propósito de ello, la empresa presentó una demanda de indemnización de perjuicios, proceso que hoy tiene en una absoluta controversia a la gestión de Camila Nieto (FA). Esto, refieren los antecedentes, porque la dirección Jurídica -liderada por Daniela Tapiano habría respondido a tiempo oportunida des procesales claves para el caso, tales como la no respuesta a la notificación de resolución y la no presentación de la lista de testigos, es decir, la prueba testimonial.
A propósito de ello, todo indica que, ante el caso, la municipalidad quedó en absoluta indefensión, cuestión que la pone en riesgo de tener que desembolsar a la inmobiliaria, en el caso de que esta gane el juicio, un monto cercano a los $30 mil millones.
DESIDIA Para los concejales de la ciudad, la situación no tiene doble lecturas: "Esta indefensión puede significar, evidentemente, una condena". "La administración de Nieto heredó una mala decisión basada en criterios ideológicos del exalcalde Sharp, sin ningún rigor técnico ni jurídico y este gustito político-ideológico hoy día le está pasando la cuenta, pero nos encontramos con la sorpresa de que esta situación no ha sido informada al Concejo Municipal a pesar de que solicitamos información respecto de los juicios", contextualizó el concejal Leonardo Contreras (RN). A propósito de ello, Contreras acusó desidia: "Nos encontramos con la sorpresa de que se perdieron oportunidades procesales que son sumamente importantes y que dicen relación con la rendición y cuestionamiento de la prueba, y hoy la desidia de los abogados de la dirección de Jurídica y particularmente de la directora, nos deja en una posición sumamente compleja frente a este juicio", reflexionó el edil, quien aseveró que los "30 mil millones de pesos que están en juego, representan por lo menos un 20% del presupuesto anual, lo que podría desencadenar en una responsabilidad administrativa de la alcaldesa". Por otro lado, el edil Lukas Cáceres (FA), subrayó que "en ningún caso es indefensión". "Me parece que se instala el punto de mala fe, dado que en el proceso que se encuentra el juicio es de conocimiento que la carga está en el demandante y no en el demandado: quien reclama, debe probar. Por otro lado, hay que poner paños fríos aquí, ya que falta mucho camino, recién estamos en definición de la primera instancia, queda la apelación a esta y otras más", expuso el edil.
DESDE EL CONGRESO La polémica es tal, a propósito de la alta suma de dinero, que generó reacciones, incluso, en el Congreso Nacional. "No estamos hablando de un error menor, sino de una cadena de decisiones que hoy podría costarle miles de millones a la comuna y afectar directamente su ya frágil situación financiera", manifestó el diputado Andrés Celis (RN). Por su parte, Hotuiti Teao (IND) fue severo: "Cuando una administración municipal no cumple con su deber básico de resguardar jurídicamente a la comuna, corresponde advertir con claridad que podríamos estar frente a un eventual abandono de deberes", opinó. "Como diputado que representa a Valparaíso, exijo que se esclarezca quiénes fallaron, por qué se actuó de esta forma y qué responsabilidades políticas y administrativas sevan a asumir", agregó.
Finalmente, el parlamentario Luis Cuello (PC) llamó a la cautela, junto con instar a retomar la discusión de la Ley Pümpin en el Senado. "En el juicio en cuestión no hay sentencia definitiva, por lo tanto, es apresurado sacar conclusiones sobre su resultado sin conocer el conjunto del proceso. Con todo, debemos considerar que, en términos ambientales y viales, era totalmente insostenible un proyecto inmobiliario como el que se pretendía", precisó.
EN DESARROLLO Consultados por los antecedentes, desde la municipalidad respondieron que el proceso "se encuentra en pleno desarrollo y no existe una sentencia definitiva". "Como en todo juicio, el resultado es incierto y los antecedentes conocidos hasta ahora no implican una condena ni una situación de indefensión", recalcaron.
En este contexto, "la municipalidad ha desplegado activamente su defensa judicial, a través de la contestación de la demanda; la interposición de un incidente de nulidad por ausencia de notificación; la apelación de dicho incidente; la objeción de las pruebas documentales acompañadas por la contraparte y la tacha de testigos presentados en el proceso". "HEREDERA DE UNA ILEGALIDAD" Refiriéndose al caso, la abogada Jeanette Bruna, experta en derecho urbanístico, recordó en primer lugar que, "la actuación del exalcalde Jorge Sharp al anular permisos de edificación se declaró ilegal por tribunales y a causa de dicha ilegalidad la Corte estableció el derecho de la empresa a demandar perjuicios.
Y eso es lo que hizo". En ese marco, "la actual administración es heredera de una ilegalidad ya constatada que viene de la administración de Jorge Sharp, de un derecho a perjuicios ya sentenciado, y no es mucha la actividad probatoria que pueda ejercer el municipio, porque es un tema financiero que corresponde probar a la empresa". Considerando aquello, "el municipio ya perdió el caso debido a la acción ilegal del exalcalde; eso debe quedar muy claro, por tanto, lo único que se debate en el fondo es el cuánto del perjuicio. En situaciones como estas, las nuevas administraciones intentan llegar a acuerdos, porque no tienen mucha posibilidad de evitar pagar". Autor: Francisca Palma Schiller francisca.palma@estrellavalpo.d. Equipo Jurídico de la administración de Camila Nieto no habría respondido a tiempo oportunidades procesales claves.
Ante los errores, se correría el riesgo de tener que desembolsar 30 mil millones de pesos a la inmobiliaria. "HEREDERA DE UNA ILEGALIDAD" Refiriéndose al caso, la abogada Jeanette Bruna, experta en derecho urbanístico, recordó en primer lugar que, "la actuación del exalcalde Jorge Sharp al anular permisos de edificación se declaró ilegal por tribunales y a causa de dicha ilegalidad la Corte estableció el derecho de la empresa a demandar perjuicios.
Y eso es lo que hizo". En ese marco, "la actual administración es heredera de una ilegalidad ya constatada que viene de la administración de Jorge Sharp, de un derecho a perjuicios ya sentenciado, y no es mucha la actividad probatoria que pueda ejercer el municipio, porque es un tema financiero que corresponde probar a la empresa". Considerando aquello, "el municipio ya perdió el caso debido a la acción ilegal del exalcalde; eso debe quedar muy claro, por tanto, lo único que se debate en el fondo es el cuánto del perjuicio.
En situaciones como estas, las nuevas administraciones intentan llegar a acuerdos, porque no tienen mucha posibilidad de evitar pagar". CASO REMONTA DEL AÑO 2013, FECHA EN LA QUE LA INMOBILIARIA DEL PUERTO SPA COMPRÓ LOS TERRENOS DE BARRIO O'HIGGINS.