Autor: EDUARDO CANDIA

Recurrir contra libertad de imputados y buscar el desafuero de Orrego: lo que se viene para fiscalía en caso Procultura
Recurrir contra libertad de imputados y buscar el desafuero de Orrego: lo que se viene para fiscalía en caso Procultura El despacho de una orden de detención durante el viernes era la señal inequívoca de que el Poder Judicial debía enfrentarse a una compleja formalización.
Dicha orden fue solicitada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco del caso Procultura, y ejecutada por la Policía de Investigaciones, lo que llevó a que cinco imputados llegaran hasta en 7 Juzgado de Garantía de Santiago durante el sábado pasado, donde fueron apuntados por el Ministerio Público como parte de un eventual fraude por más de $1.600 millones tras convenios con el Gobierno Regional Metropolitano.
Sin embargo, tras cuatro días de audiencia, el juez Patricio Álvarez (ver nota inferior), del mismo tribunal, solo decretó la medida de arraigo nacional para Alberto Larraín, fundador de Procultura; María Teresa Abusleme, exjefa de estudios; Constanza Gómez, exrepresentante legal, y Evelyn Magdaleno, exfuncionaria del Gore. Caso distinto fue el de Gabriel Prado, excoordinador en el Gore del proyecto, quien había acordado con el Ministerio Público el arresto domiciliario total durante la primera jornada de formalización.
Pero no solo la prisión preventiva de los cuatro imputados fue rechazada el miércoles por Álvarez, pues la fiscalía, en subsidio de la medida cautelar más intensa, había solicitado el arresto domiciliario de todos, lo que también fue desestimado por el magistrado. n La búsqueda de revertir el fallo ante el tribunal de alzada A pesar de lo anterior, el Ministerio Público optó por apelar ante el tribunal de alzada capitalino.
Se trata de una acción clave, puesto que un posible criterio diferente por parte de la corte podría significar conseguir medidas cautelares más intensas, como la prisión preventiva que buscó el Ministerio Público ante el juez de garantía, o una arresto domiciliario total, o incluso parcial.
Un eventual cambio en las medidas cautelares por parte del tribunal de alzada tendría que ver con que los ministros que integren la sala que revise la acción den por acreditado el delito de fraude al fisco y, eventualmente, el concierto de los imputados para cometerlo. Algo respecto de lo que el juez de primera instancia no se formó convicción. En ese sentido, la diferencia de criterios ya tiene un antecedente.
Si bien el juez Álvarez descartó que existieran antecedentes que permitieran dar cuenta de un indicios de acuerdo, distinta fue la apreciación de la jueza Carla Capello, también del 7 Juzgado de Garantía, quien dio luz verde a la orden de detención de los cinco involucrados.
En la resolución de la solicitud de fiscalía, Capello manifestó que existió coordinación para la comisión de delitos. "La investigación de la fiscalía ha incorporado cuantiosa documentación, tales como contratos, decretos de nombramiento, documentos públicos de la persona jurídica `Fundación Procultura', copias de conversaciones por medio de la plataforma WhatsApp y correos electrónicos entre los imputados que dan cuenta del conocimiento y coordinación para la comisión del delito", dijo en la resolución. n Podría insistir en existencia de "estrategia coordinada" desde el Gore Esto, ya que la fiscalía, tanto en la solicitud de orden de detención como en la minuta de formalización, señalaba, por ejemplo, que "la fundación (Procultura) operaba constantemente con una estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore Metropolitano para asignar proyectos financiados con fondos públicos", en referencia al programa para la prevención del suicidio "Quédate", por más de $1.600 millones. El resultado de una eventual apelación podría convertirse en un argumento sólido para avanzar en la imputación al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, o para limitar las intenciones de los persecutores de avanzar en una formalización. Esto, porque el Ministerio Público ingresó una solicitud de desafuero en su contra que está pendiente de revisión en la Corte de Apelaciones de Santiago. En paralelo, Orrego enfrenta un proceso de destitución a manos del Tricel.
Según la solicitud de desafuero de la fiscalía, "Claudio Orrego Larraín abusó de su cargo", de la "función pública que desempeñaba", y "con infracción grave a los deberes del mismo", luego que suscribiera dos convenios con Procultura, sin que la fundación tuviera "capacidad, idoneidad, competencia y experiencia para ejecutar los tratos". Lo anterior, en el marco de un traspaso de $1.690 millones por el programa de prevención contra el suicidio "Quédate". La fiscalía investiga el eventual fraude al fisco, así como la malversación de caudales públicos. Según conocedores del proceso, la revisión del desafuero por parte de la Corte de Apelaciones podría ser revisada durante la próxima semana. Claro que el juez Álvarez también se refirió a la situación de Orrego, puesto que fue nombrado múltiples veces por los persecutores a pesar de que no se encontraba en la sala.
En su deliberación, el magistrado estimó que aquello agrega mayor complejidad a la imputación, ya que no todos los involucrados tienen calidad de autor, y Orrego, que sí la tendría, no fue parte de la audiencia. n Cambios de fiscales y diligencias fallidas La indagatoria a la fundación Procultura ha tenido otras dificultades relacionadas con la inestabilidad del proceso investigativo. A fines del 2023, cuando ya se mencionaba la magnitud del caso Convenios, la Fiscalía Nacional decidió entregar las diversas causas en diferentes fiscales regionales. De esta manera, la indagatoria por Procultura cayó en manos de Carlos Palma, entonces fiscal regional de Aysén. Sin embargo, Palma apareció en los chats de Luis Hermosilla, abogado imputado en el caso Audio.
Dichos antecedentes revelaron que el entonces persecutor habría entregado información a Hermosilla de algunos casos, lo que le costó a Palma la suspensión del cargo, y su salida del Ministerio Público luego que expirara su período. Antes de eso, los cuestionamientos a Palma llevaron a que a mediados de 2024 la indagatoria fuera traspasada al fiscal Patricio Cooper, jefe de la jurisdicción de Coquimbo.
No obstante, su participación en el caso llegó a su fin de manera abrupta, a manos del fiscal nacional, Á n g e l V a l e n c i a, quien decidió asignar la causa a Juan Castro, fiscal regional de Antofagasta. Lo anterior, porque Cooper consideró mantener una interceptación telefónica que fue efectuada a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín.
Sin embargo, esta última ingresó un recurso que fue revisado tanto por la Corte de Apelaciones como por la Suprema, con el fin de eliminar la diligencia de la carpeta investigativa, así como los antecedentes que se pudieran haber obtenido a partir de las escuchas. Tras dicha derrota, Valencia decidió reasignar la causa al actual persecutor.
La causa ha tenido tres persecutores y diligencias anuladas por la justicia Recurrir contra libertad de imputados y buscar el desafuero de Orrego: lo que se viene para fiscalía en caso Procultura EDUARDO CANDIA El Ministerio Público confirmó que buscará reforzar su tesis y obtener una medida más intensa, tras el revés que significó el rechazo de prisión preventiva y el arraigo decretado para Alberto Larraín y tres coimputadas. RESOLUCIÓN El juez de primera instancia consideró que no se acreditó la "concertación" entre los imputados. CAUTELARES. -Cuatro imputados quedaron con arraigo y solo uno con arresto domiciliario. Este último se trata de Gabriel Prado, quien acordó la cautelar antes del fallo del juez.
Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, dirige la indagatoria.. El Ministerio Público confirmó que buscará reforzar su tesis y obtener una medida más intensa, tras el revés que significó el rechazo de prisión preventiva y el arraigo decretado para Alberto Larraín y tres coomputadas. La causa ha tenido tres persecutores y diligencias anuladas por la justicia