Autor: FOTOS JULIO CASTRO
La fórmula de la CPC para reactivar la economía en los primeros tres meses del próximo Gobierno
La fórmula de la CPC para reactivar la economía en los primeros tres meses del próximo Gobierno ACTUALIDAD Optimizar la tramitación de proyectos de inversión en BEIA 100 Inzer, ejecutar y ar anualmente Plan de Concesiones por US$ 30.000 mill. para períodos de 10 años móviles. lograr que Chile crezca al 4% anual, y que abordan seis ejes. La CPC busca socializar estas propuestas con los candidatos presidenciales, con el fin de que las consideren en sus programas de Gobierno y, en el mediano plazo, se concreten en políticas públicas pro crecimiento.
De hecho, el documento detalla qué medidas son aplicables dentro de los primeros tres meses del próximo Gobierno o en el primer año, ya sea a través de mejoras en gestión, via normativa o a través de proyectos de ley. POR C. LEÓN, A. SANTILLÁN Y J.
RODRÍGUEZ D En este ítem, se proponen ocho medidas, siendo tres las que tienen especial relevancia: acelerar la ejecución anual de proyectos ya adjudicados; priorizar, ejecutar y actualizar anualmente un plan de concesiones por US$ 30.000 millones; y más estabilidad regulatoria para la obtención de permisos para proyectos de inversión que se presentan en los primeros dos años. Tres medidas que, además, se pueden implementar vía "gestión", dentro de los primeros tres meses del próximo Gobierno.
Sobre la aceleración a proyectos ya adjudicados, el informe destaca que actualmente existe una cartera de cerca de US$ 9.000 millones en iniciativas con una lenta ejecución anual. "La propuesta considera triplicar la velocidad de ejecución, pasando de US$ 500 millones promedio anuales a US$ 1.500 millones al año, mediante la creación de un fost track de ejecución que refuerce la capacidad de revisión del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Presupuestos y la Contraloría". En este eje, además, se plantea traspasar a las empresas la responsabilidad de la fiscalización de ejecución de proyectos de alta complejidad. ¿ La razón tras esto? Actualmente, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) solo permite que empresas externas puedan realizar asesorías en la fiscalización, pero no que tomen responsabilidad sobre ellas, lo que no permite aprovechar de mejor manera sus capacidades técnicas. "Dicha responsabilidad recae en los fiscalizadores públicos, que no cuentan con todas las especializaciones que les permitan hacer más eficiente el sistema. Las empresas externas deben contar con amplia experiencia y capacidad técnica demostrada, y estar inscritas en registros especializados. La Inspección Fiscal, a su vez, debe reforzar su rol de supervisión, asegurando que los proyectos se desarrollen con estricto cumplimiento de los plazos y presupuestos, resguardando el interés público", se recomienda.
Reducción de impuestos a las empresas DI Acá también se proponen ocho medidas, siendo las principales las que dicen relación con avanzar hacia una mayor competitividad del sistema tributario, reduciendo el impuesto de Primera Categoría de 27% al 23%, reintegrando el sistema y limitando la tasa máxima efectiva al capital; y establecer para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) un régimen de pago de IVA contra pago efectivo de la factura. Temas que, a juicio de la CPC, se deben impulsar en los primeros tres meses de la próxima administración, a través de proyectos de ley.
La propuesta de reducción del impuesto de Primera Categoría de la CPC a un 23% es ambiciosa, pues apunta a llegar a dicha cifra en una primera etapa, para luego disminuir al 19%, gradualmente y asociado a mejoras en crecimiento económico.
Para compensar la primera etapa de rebaja de dicho tributo, se contempla la creación transitoria de un Impuesto a la Primera Repartición de Dividendos (IPDD) con tasa de 7%, aplicable cuando el destino del dividendo es una sociedad holding o sociedad matriz, el que debe ser reconocido en un 100% como crédito al impuesto final por el inversionista persona natural (nacional o extranjero), explica el documento, agregando que ello podría significar hasta un 0,6% del PIB de mayor inversión para la economía.
Para la segunda etapa de rebaja se propone eliminar gradualmente la subvención al impuesto específico al diésel de 1,5 UTM/m3, hasta llegar a 6 UTM/m3, consistente con la protección contra el cambio climático. "El 23% no es una cifra mañosa, ni antojadiza, es el promedio de la OCDE", dijo Óscar Hasbún, gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores. Otra propuesta crucial para el, es la que apunta "a bajar el tope total imponible desde el 44,45% al 35% como tasa efectiva del capital", destacó.
D Acá se entregan cinco sugerencias, siendo dos las centrales: establecer un marco de inversiones moderno y flexible para los fondos generacionales -en el marco de la regulación que se redactará bajo la nueva Ley 21.735 de Reforma de Pensiones-, y cambios en la tasa maxima convencional (TMC). En el primer tema, en detalle, se propone ampliar los limites de inversión de las AFP en activos ilíquidos, "dado su eventual mayor retorno, como los activos alternativos, deudas y capital privado, venture capital, entre otros". No es lo único.
Tambien se apunta a promover que las AFP puedan utilizar intermediarios que las incentiven a invertir en instrumentos financieros dirigidos a empresas ilíquidas, de menor tamaño. "Reducir límites de inversión de las AFP, complementándolo con un modelo basado en riesgos. Esto permitiría que cada AFP elabore su propia cartera de referencia, evitando que ésta sea definida por un ente reguador y fomentando, así, una mayor competencia en la industria", es otra de las propuestas. Avanzar en la integración de bolsas de Latinoamérica en Chile, para que todos "puedan solucionar sus necesidades de financiamiento e inversión", es otra medida.
Según explica el documento, con esto existirá un mayor número de emisores de valores y las empresas que requieren capital tendrán acceso a una base de inversionistas más amplia, con el consecuente impacto positivo en ventas. "Ya está en curso el proceso en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para comenzar con Perú y Colombia, de manera que puedan operar sin necesidad de estar inscritos en el Registro de Corredores de Bolsa. También se inició la dictación de circulares que permitan a los corredores de la bolsa chilenos intermediar la compra y venta de valores extranjeros inscritos en las bolsas de Perú y Colombia", dice el texto. Profundización del mercado de capitales Aglzar los proyectos ya adjudicados Cambios en la Tasa Máxima Convencional.. "Volver a crecer a ritmos elevados no es una misión imposible.
Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien". Asi de categórica fue la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, en la presentación de Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile, una serie de 50 propuestas -elaboradas en un trabajo conjunto de 80 empresarios, expertos y exautoridades-, que apuntan a fomentar el desarrollo económico del país. Es un ambicioso paquete de propuestas que tiene como horizonte Agilizar los proyectos ya adjudicados 13 Nuevo régimen de empleo público que aplique a todo el ciclo laboral del funcionario público. 10. Destrabar la discusión legislativa sobre sala cuna, focalizando el apoyo y acotando los costos de contratación.
La fórmula de la CPC para reactivar la economía en los primeros tres meses del próximo Gobierno 15 D Las 80 personas que logro convocar la CPC vieron un amplio listado de medidas a implementar en materia laboral, con 13 propuestas en este eje. Hay dos centrales: avanzar en capacitación para optimizar el uso de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial; y permitir la extensión o modificación de las funciones pactadas en el contrato de trabajo.
Sobre este último punto, se plantea que se necesita "con urgencia" que, en el ejercicio de sus facultades de interpretación de la ley vigente, la Dirección del Trabajo reconozca la facultad de las partes de adaptar las funciones (tareas) pactadas en el contrato de trabajo. "Así los trabajadores podrán realizar labores que van más allá de lo originalmente pactado, ampliando la concepción de la naturaleza de su cargo, para permitir la multifuncionalidad", dice el documento. Un tema que debe ser abordado de forma normativa, en los primeros tres meses de Gobierno.
Además, surgieron temas que actualmente ya están en discusión, como la necesidad de ampliar las oportunidades formales de trabajo para migrantes y destrabar la discusión legislativa sobre sala cuna, "para avanzar decididamente en la incorporación del talento femenino al mercado laboral". El grupo de trabajo convocado por la CPC coincidió en la necesidad de modificar el sistema de indemnización por años de servicio, en las nuevas contrataciones.
Así, se propone implementar un esquema a todo evento, fortaleciendo al mismo tiempo el seguro de cesantía. "Reemplazar las indemnizaciones por años de servicio por una cotización fija adicional de 1,8% por parte del empleador con un tope de 11 años, de manera que el trabajador cuente con un monto propio ahorrado, al que podrá acceder en caso de estar cesante", es parte de la propuesta. Katia Trusich, directora ejecutiva de Grande Pyme, destacó que es una iniciativa necesaria. "En Chile se pagan 10 años de indemnización por años de servicios, cuando la media de la OCDE está en 3,5", dijo. D Mejorar el desempeño y eficiencia del Estado es otra preocupación del grupo, por lo cual se plantearon 11 propuestas en este eje.
Se insistió en la necesidad de avanzar en un nuevo régimen de empleo público, que aplique a todo el ciclo laboral del funcionario, incluyendo selección, evaluación, promoción y desvinculación, junto con transparentar la gestión ante la ciudadanía.
Respecto de la desvinculación, se recomienda adecuar el mecanismo de evaluación, de manera que se pueda dar término a la relación laboral en forma automática cuando el funcionario esté evaluado dos años seguidos en el 5% de desempeño más bajo de la institución. "El nuevo estatuto será voluntario para los funcionarios de planta actuales y debiera aplicar en forma inmediata para las nuevas contrataciones y para las renovaciones que correspondan de las modalidades a contrata y honorarios", dice la propuesta. En esa línea, también se apunta a fortalecer la estructura orgánica del Servicio Civil, transformándolo en la división de recursos humanos del Estado.
En este eje también se plantea optimizar la tramitación de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de evaluaciones técnicas con criterios objetivos, reglas claras ante la judicialización y establecer un sistema de preanálisis temprano y voluntario, entre otros.
A modo de ejemplo, se propone establecer un procedimiento abreviado para proyectos ya existentes que pretenden ampliarse, actualizarse o extender su vida útil. "¿Por qué no les permitimos que, a través de una declaración jurada digan que 'yo certifico que la extensión de vida útil, la actualización tecnológica, la de equipamiento, tiene los mismos impactos, está en la misma área de influencia y tiene las mismas medidas de mitigación y compensación? Si yo certifico eso con declaración jurada, no requiero ingresar al SEIA", destacó Bernardo Larraín, presidente de Empresas CMPC. D En el último eje, que dice relación con seguridad, se proponen cinco medidas.
Una de ellas apunta a conseguir una mayor trazabilidad para el control de robos, lavado de dinero y prófugos, a través del uso de guias de despacho electrónicas, límites a las compras en efectivo e integración de las fuentes de información. Según el documento, esto permite cerrar espacios de operación al crimen organizado, mejorar la eficiencia del sistema de justicia y fortalecer la seguridad pública. Una medida que se puede implementar via normativa y con gestión, dentro de los primeros tres meses de un próximo Gobierno. Crear un sistema de monitoreo del cumplimiento de instituciones públicas asociadas a la seguridad y la justicia, es otra propuesta.
Acá, en concreto, se busca establecer indicadores clave que permitan medir resultados de las distintas instituciones del Estado en mejoras concretas en seguridad y justicia, desde una unidad técnica independiente. "Así, se podrá gestionar con evidencia, corrigiendo ineficiencias y fortaleciendo acciones efectivas en prevención, persecución penal y reinserción, además de tener accountability por parte de la ciudadanía", dice la propuesta. Avanzar en alianzas público-privadas para establecer programas focalizados en jóvenes en riesgo de vincularse en acciones infractoras es otra prioridad para el grupo convocado por la CPC.
Aquí, se busca reducir el riesgo delictual en niños y jóvenes, y aumentar la efectividad de la reinserción, mediante intervenciones integrales, colaboración público-privada y alivio a la sobrepoblación carcelaria. "Ampliar la participación de nuevos actores en el programa Juntos por la Reinserción, donde las empresas, el Estado y organizaciones de la sociedad civil trabajan colaborativamente para reintegrar al mercado del trabajo a quienes infringieron la ley, de manera de disminuir la reincidencia delictual", dice el texto. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, fue la encargada de presentar el texto.
Seguridad y Estado de derecho Cambios al régimen del empleo público y al SEIA Innovación tecnológica en el empleo y cambios a indemnizaciones 13 Nuevo régimen de empleo público que aplique a todo el ciclo laboral del funcionario público. 10. Destrabar la discusión legislativa sobre sala cuna, focalizando el apoyo y acotando los costos de contratación..
