Camanchaca demanda al fisco por cambios a la Ley de Pesca y acusa un perjuicio cercano a los US$ 100 millones
Camanchaca demanda al fisco por cambios a la Ley de Pesca y acusa un perjuicio cercano a los US$ 100 millones Camanchaca, empresa pesquera industrial ligada a la familia Fernández, advirtió en marzo de 2025 --al igual que otras compañías-que iniciaría acciones legales por los negativos efectos que produciría el entonces proyecto de ley de fraccionamiento que impulsaba el Gobierno en el Congreso, el que terminó aprobándolo en junio de ese año. Esta ley (N 21.752 ) modificó las cuotas de extracción vigentes hasta 2032, según la normativa aprobada en 2013, y las redujo para las compañías industriales y aumentó para el sector artesanal. Así, este año comenzaron a regir los nuevos porcentajes de captura que se mantendrán hasta 2040, de acuerdo con la nueva legislación.
Tras concretarse ese cambio en enero de 2026, Camanchaca activó la primera demanda de indemnización de perjuicios impulsada por una empresa pesquera industrial en contra del fisco de Chile, debido a los daños económicos por los efectos de la ley de fraccionamiento.
Asesorada por el abogado Jorge Bofill, socio del estudio Bofill y Ramos, Camanchaca --una de las pesqueras más relevantes del país-ingresó el sábado una demanda ante el 18 Juzgado Civil de Santiago, a través de la cual busca resarcimiento ante perjuicios que estima en alrededor de US$ 100 millones. Acción legal del fin de gobierno El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, explicó que decidieron iniciar la acción ante tribunales a fines de enero por dos motivos.
El primero es que en el primer mes del año "se ha producido efectivamente la usurpación y la expoliación de los derechos de propiedad de la empresa". La segunda razón, indicó, es que "queríamos hacerlo claramente durante la vigencia del actual gobierno, que termina en pocos días más, porque fue esta la administración que promovió e impulsó la expoliación de nuestros derechos, que estaban muy bien definidos en la ley hasta el año 2032.
Por lo tanto, pensamos que debía quedar un registro en la historia que durante este gobierno en particular se presentó la demanda por la indemnización de perjuicios y los responsables están todavía en vigencia". El abogado Jorge Bofill explicó que "en Chile rige el principio de que todo daño debe ser indemnizado, da lo mismo quien lo causó.
En este caso, el daño lo provocó el Estado a través de la actuación del `Estado legislador'. Y eso es lo que estamos demandando, la indemnización del daño generado por el Estado mediante la dictación de la nueva ley de fraccionamiento pesquero que alteró las condiciones que el propio Estado había establecido y que se suponía iban a regir hasta 2032". Bofill agregó que "en el caso del jurel, a Camanchaca se le quitó la propiedad del derecho al 90% del coeficiente que le corresponde a la cuota global y se le redujo a 70%. Eso provoca, obviamente, un perjuicio porque afecta el derecho de propiedad y tiene una consecuencia patrimonial importante". Impacto económico García detalló que el perjuicio en el caso de la pesquería del jurel implica para la empresa una merma de 33.000 toneladas de menores capturas solo para 2026.
A eso se suman unas 39.500 toneladas de menos recursos de anchoveta en el norte de Chile. "Si nosotros tomamos solamente el 2026, el perjuicio que hemos sentido con esta merma de cuotas es de US$ 17 millones", afirmó el ejecutivo. El impacto global se acerca a los US$ 100 millones, añadió. La demanda de la compañía consideró efectos económicos hasta 2040, que es la fecha de término que contempla la nueva ley para el fraccionamiento. También tomó ese plazo porque pese a que las licencias definidas en la ley de 2013 regían hasta 2032, esos permisos tenían una opción probable de ser renovados.
Bofill explicó que la autorización de pesca en la normativa previa era renovable automáticamente y "solo se pierde cuando el armador respectivo, el dueño de la licencia, incurre en unas causales que están establecidas en la ley, que tiene que ver fundamentalmente con obligaciones en materia laboral". ¿Cierres de operaciones? En Camanchaca trabajan más de 4.200 personas y la mitad está relacionada al sector pesquero extractivo y el resto a la acuicultura. Por el momento, la empresa no tiene contemplado el cierre de su planta de conservas en el Biobío o el cese de su operación de anchoveta en Iquique. García explicó que "la empresa tiene que ver cómo se protege, cómo mitiga y aborda su desafío de tener mucho menos volumen para capturar.
Y en ese sentido, el cierre o no de la pesquería del norte de Chile y o de la producción de conservas de jurel en el sur depende de nuestra capacidad de ir a los mercados internacionales y locales a comprar cuotas adicionales que permitan mantener el funcionamiento". Sostuvo que "en el caso particular de 2026, tenemos esperanzas de que nuestras gestiones puedan mitigar algo el impacto que hemos sufrido". Esto, pese a que desde ahora las pesqueras deberán pagar una patente de 1,3 UTM por tonelada en el caso de las transferencias internacionales de jurel. Ricardo García espera que el próximo gobierno de José Antonio Kast no siga impulsando cambios adversos en otro proyecto de ley que se tramita en el Congreso.
Ingresó la acción legal el sábado ante el 18 Juzgado Civil de Santiago: Camanchaca demanda al fisco por cambios a la Ley de Pesca y acusa un perjuicio cercano a los US$ 100 millones Asesorada por el abogado Jorge Bofill, la empresa acudió a tribunales tras concretarse en enero la reducción de cuotas de captura de la normativa. También lo hizo para dejar registro de que el actual gobierno "promovió e impulsó la expoliación de nuestros derechos", indicó. MARCO GUTIÉRREZ V.
Ricardo García, gerente general de Camanchaca MACARENA PÉREZ Jorge Bofill, socio del estudio Bofill y Ramos n Los pasos de otras firmas En agosto de 2025 se conoció que Alimentos Marinos (Alimar), de la familia Izquierdo Menéndez, contrató al abogado Tomás Menchaca, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para definir su estrategia con motivo del impacto del fraccionamiento. En mayo del año pasado, en medio de la discusión del entonces proyecto de fraccionamiento, la pesquera industrial Landes, ligada a la familia Fosk, también activó acciones judiciales preliminares.
Representada por el estudio de abogados Barros & Errázuriz, solicitó ante el 26 Juzgado Civil de Santiago "decretar la medida prejudicial preparatoria de exhibición de los documentos". Esto lo pidió respecto de quienes denominó en su escrito como los "futuros demandados", que en concreto es el fisco representado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Congreso.
Landes señaló que los futuros demandados "habrían incumplido la obligación legal y reglamentaria de elaborar, acompañar y ponderar en el contexto del proceso legislativo de los proyectos de ley el Informe Técnico, Financiero y de Impacto Regulatorio, que es un requisito indispensable para avanzar en la tramitación legislativa y que su resultado sea fruto de un proceso legislativo legalmente instruido". `` En esta situación en la cual el gobierno actual nos ha puesto, ya no queda nada por negociar con el Estado... No fuimos considerados; fuimos ninguneados por el Gobierno".. ...................................................................... RICARDO GARCÍA GERENTE GENERAL DE CAMANCHACA `` En Chile rige el principio de que todo daño debe ser indemnizado, da lo mismo quién lo causó. En este caso, el daño lo provocó el Estado a través de la actuación del `Estado legislador'".. ...................................................................... JORGE BOFILL SOCIO DEL ESTUDIO BOFILL Y RAMOS.