Autor: N. BIRCHMEIER RIVERA

Efecto Camanchaca: Empresas pesqueras anticipan nuevas ofensivas contra el Estado por Ley de Fraccionamiento
Efecto Camanchaca: Empresas pesqueras anticipan nuevas ofensivas contra el Estado por Ley de Fraccionamiento Las acciones iniciadas por la empresa Camanchaca en contra del Estado, ante la estimación de efectos económicos adversos para sus operaciones a partir de la Ley de Fraccionamiento que impulsó el actual Gobierno, serían un reflejo de la incertidumbre que circula en la industria pesquera.
Así lo expresan actores del sector, luego de conocerse las medidas judiciales presentadas por Camanchaca en tribunales locales por indemnización de perjuicios en contra del fisco, por los impactos asociados a esta legislación, según dio a conocer “El Mercurio” este lunes. La demanda busca un resarcimiento al calcular las mermas de 33 mil toneladas de jurel y de otras 39.500 mil toneladas de anchoveta, valoradas en unos US$ 100 millones. La normativa, aprobada en junio del año pasado en el Congreso, redujo las cuotas de captura a las grandes empresas y aumentó las de los artesanales. En detalle, se modificaron las cuotas de extracción vigentes hasta 2032, establecidas en la legislación aprobada en 2013. De esta manera, a partir de este año comenzaron a regir los nuevos porcentajes de captura que se mantendrán hasta 2040, tal como establece la nueva norma.
Fuentes del rubro señalan que otras empresas del sector pesquero se encuentran afinando sus estrategias legales en contra del Estado de Chile debido a los efectos proyectados por la entrada de la normativa, que califican internamente como una “expropiación” regulatoria. Algunas de estas medidas judiciales, que se sumarían a la interpuesta por Camanchaca, podrían efectuarse durante el primer semestre del año, según comentan conocedores.
En este contexto, Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu, señaló que desde la compañía “estamos finalizando una evaluación técnica y económica, realizada por expertos, para dimensionar el perjuicio que genera la nueva ley de fraccionamiento”. El ejecutivo de la firma donde participan las familias Sarquis, Santa Cruz y Stengel afirmó que “una vez concluido ese análisis, tomaremos una decisión definitiva respecto de la continuidad de nuestras operaciones”. Por su parte, Andrés Daroch, gerente general de FoodCorp, sostuvo que “continuamos evaluando la mejor opción para.
ZEREPANERACAM proteger los intereses de la empresa, sus trabajadores y accionistas, que sin duda se vieron afectados por el cambio anticipado de las reglas del juego al dictarse la Ley 21.752 de Fraccionamiento Pesquero, que entró en vigencia este 2026”. En esta línea, la compañía de capitales noruegos, que opera en el país desde 1991, indicó que sus asesores legales están trabajando en los “alcances jurídicos asociados e informaremos al respecZEREPANERACAM to en su debido momento”. En tanto, desde Blumar vinculada a las familias Sarquis y Vinagre afirmaron que “la compañía, junto al estudio jurídico que la asesora, está en la etapa final de elaboración de la demanda por los daños económicos que genera el cambio en los fraccionamientos de las cuotas de los principales recursos pesqueros, lo cual es una expropiación sin compensación que vulnera la certeza jurídica”.. ZEREPANERACAM Incertidumbre jurídica La implementación de la ley inquieta a la industria pesquera.
Uno de los puntos que genera mayor consenso entre distintos actores del sector apunta a la incertidumbre jurídica que se establece para las empresas industriales, dado que consideran que se cambiaron las reglas del juego para las firmas del rubro.
Desde el gremio de Pescadores Industriales del Biobío señalaron que “la certeza jurídica y las reglas claras son condiciones mínimas para atraer invers i ó n y g e n e r a r prosperidad en las familias y comunidades”. En ese sent i d o, a f i r m a r o n que “Chile se ha caracterizado internacionalmente por ser un país que respeta su Estado de Derecho, pero con la Ley de Fraccionamiento que impulsó el Gobierno saliente, por razones meramente ideológicas, se marcó un grave precedente que le hace mal a la confianza país”. El gremio indicó que “respaldamos a las empresas pesqueras que han recurrido o recurrirán a tribunales para defender lo que consideran un daño patrimonial severo producto de una expropiación encubierta de derechos que se encontraban plenamente vigentes a 2032”. Para Moenne, de PacificBlu, resulta “evidente que esta ley implica el incumplimiento por parte del Estado de un compromiso adquirido con las compañías pesqueras de no modificar el fraccionamiento por un período de 20 años”. Y agregó: “Este es un precedente extremadamente grave, porque pone en entredicho la confianza que debe existir entre el sector privado y el Estado (... ). Situaciones como esta explican, en buena medida, el estancamiento de la inversión y del crecimiento en el país”. En tanto, Felipe Sandoval, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), señaló que las acciones judiciales que evalúan las empresas del sector son una directa consecuencia del actuar del Ejecutivo, a pesar de las advertencias que entregaron durante la tramitación del proyecto.
“Siempre dijimos que el cambio en el fraccionamiento antes del plazo que se había comprometido con las empresas era inconstitucional y afectaba los derechos adquiridos por las empresas (... ) Esperamos que esto se tome en cuenta para nuevos cambios regulatorios. No es llegar e imponer, sino que se debe tener una mirada de largo plazo”, indicó Sandoval. PERJUICIO Camanchaca calculó un perjuicio económico por la nueva normativa de unos US$ 100 millones. Autor: N. BIRCHMEIER RIVERA. Firmas del sector afinan sus estrategias legales para nuevas acciones en contra del fisco por los cambios implementados en las cuotas de captura para las compañías industriales. Ante eventuales impactos económicos ligados a la normativa que reduce sus cuotas PERJUICIO Camanchaca calculó un perjuicio económico por la nueva normativa de unos US$ 100 millones. Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu. Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar. Andrés Daroch, CEO de FoodCorp. Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu. Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar.