EDITORIAL: Sicario: peligrosa impotencia
EDITORIAL: Sicario: peligrosa impotencia L a puesta en libertad de uno de los acusados como autor material del crimen por encargo de un comerciante en Ñuñoa, mientras se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad, ha dejado al desnudo una serie de falencias y agujeros negros que siguen lastrando la crisis de seguridad pública. Y no sólo por la controversia respecto de las responsabilidades tanto de la jueza Irene Rodríguez como de la institución penitenciaria.
Las noticias que siguieron a la fuga --que el imputado circulaba en Chile utilizando un nombre falso, y más tarde, la confirmación que había abandonado el país con rumbo a Perú, luego de cruzar la frontera en un taxi y sortear incluso un control militar-resultan todavía más inquietantes.
Este miércoles, en la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado convocada especialmente para analizar lo ocurrido, el jefe de la PDI, Eduardo Cerna, reconoció que existían personas que se desplazaban por Chile, que cometían delitos y que las policías no saben quiénes son. Lo calificó como un problema "basal", y lo atribuyó, según explicó, a la insuficiencia y fragmentación de los sistemas registrales. Como era de suponer, el escándalo por la fuga ha abierto la puerta a propuestas que compiten por su extremismo y radicalidad.
Si hace cuatro años las ideas de una zanja o un muro en la frontera resultaban controvertidas, ahora no causa gran escándalo que un senador --que va a reelección-proponga abiertamente abandonar el Tratado de Ottawa y volver a sembrar minas antipersonales en la frontera como forma de controlar la migración irregular. No sólo las urgencias electorales ni la impotencia de la ciudadanía explican este cuadro. También el vacío de soluciones efectivas y la carencia del liderazgo político que la envergadura del problema demanda. Como ha ocurrido con anteriores problemas --no sólo en el ámbito de la seguridad pública-el Ejecutivo ha ofrecido respuestas procedimentales, pero incapaces de modificar sustancialmente la realidad. Autoridades y funcionarios reconocen la magnitud del problema, advierten de su gravedad, y brindan diagnósticos precisos y razonables. La ciudadanía, sin embargo, demanda soluciones, no explicaciones.
Es probable que la dimensión institucional de este trance, y su capacidad de erosionar la confianza en la democracia y el Derecho, excedan las competencias y capacidades de coordinación de un ministerio sectorial, como es el de Seguridad. El Presidente y el ministro del Interior, por ejemplo, parecen ajenos a esta crisis.
Por cierto, que algunas de las pequeñas rebeliones parlamentarias recientes, como el frustrado intento por derribar el proyecto de autorizaciones sectoriales, la controversia por las contribuciones o las tentativas por poner fin a la UF, tengan como factor común, junto con la debilidad del Gobierno, la pusilanimidad de los partidos y sus dirigentes.
De las pocas certezas que asoman, hay que, respaldada por la evidencia, resulta especialmente inquietante: la sensación de que las instituciones son inútiles, y la democracia es impotente, es una autopista directa hacia la demanda por respuestas, aunque sean iliberales y autoritarias. "La sensación de que las instituciones son inútiles, y la democracia impotente, es una autopista directa hacia la demanda por respuestas iliberales y autoritarias". Sicario: peligrosa impotencia.