Autor: CINTHYA CARVAJAL

Poder Judicial cifra en 125 mil las licencias a investigar y para cotejar salidas del país comienza gestiones con la PDI
Poder Judicial cifra en 125 mil las licencias a investigar y para cotejar salidas del país comienza gestiones con la PDI EPILE F narios y jueces donde se deban realizar sumarios administrativos, y además se podrían abrir causas penales. Esto, ya que la situación también generaría un perjuicio económico en el Poder Judicial, dado que con las licencias prolongadas se deben enviar suplencias a los tribunales.
El Poder Judicial se encuentra en un proceso de revisión interna que adoptó tras el informe de la Contraloría General de la República, que dio cuenta de que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica vigente.
Hace unos días llegó el catastro que pidió el Pleno de la Corte Suprema a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAP), y se investigarán en total unas 15 mil licencias de magistrados y funcionarios de los últimos cinco años. El período de investigación es tres años mayor que el de la Contraloría. El cruce de esta información se está coordinando con la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar si coinciden algunas de ellas con salidas fuera del país.
En un pleno extraordinario realizado el viernes pasado, el máximo tribunal resolvió ordenar, de manera unánime y a propuesta de su presidente, Ricardo Blanco, una indagatoria para determinar si al interior del Poder Judicial hay también funcionarios o jueces que usaron este mismo modus operandi para viajar, lo que podría implicar una defraudación fiscal. El informe de la Contraloría no incluye a jueces y juezas debido a la independencia constitucional del órgano. No obstante, sí incluyó el RUT de una funcionaria de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien resultó ser una consejera técnica de un tribunal, que ya está siendo investigada por orden de la Suprema. Sobre el proceso en el Poder Judicial, se usará la misma metodología de la Contraloría y en principio el mismo período, 2023-2024, y abarcaría a todos los estamentos. La investigación quedaría en manos de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, que encabeza Jorge Pizarro.
Esto, en el caso de que se encuentren casos de funcioAl interior de la Corte Suprema, minis tros comentaron a “El Mercurio” que, de haber casos de jueces involucrados, sería “grave”, no solo por que sea delito, sino que también por la situación actual que se vive internamente con el atraso de vista de la falta de jueces. Además causas debido a por el colapso que hay en tramitación en el ámbito laboral, de familia, y también en lo penal.
La gravedad del asunto además radica, según comentaron, en que la emisión fraudulenta de licencias médicas no solo constituye un delito contra la fe pública, sino que también genera un perjuicio económico al sistema de previsión y salud, quese financia con los aportes de todos los trabajadores. 27252257 Diferentes perjuicios. En la Corte Suprema señalan que si hubiera jueces involucrados sería “grave”, tanto por ser delito como por el atraso en causas por falta de magistrados. Universo abarca los últimos cinco años: La Corte Suprema aprobó de forma unánime la indagatoria.