Autor: Martín Romero E.

"No sería correcto afirmar que el Estado ha perdido el control de las cárceles"
"No sería correcto afirmar que el Estado ha perdido el control de las cárceles" E n medio del microclima de apuro e histeria que domina el debate sobre seguridad pública en Chile, Daniel Soto habla desde una perspectiva de largo plazo: cambios, mejoras, rediseños que mejoren el actuar policial deben ser coherentes en el tiempo y con responsabilidades políticas e institucionales claras y exigibles. "Sin esa arquitectura de conducción, los avances pueden quedarse en lo material", dice este abogado, coronel (r) de Carabineros -estuvo a cargo del diseño e integración de prácticas de derechos humanos en la enseñanza y operación de la institución-, doctor en Procesos e Instituciones Políticas de la UAI e integrante experto del Comité para la Prevención de la Tortura (CPLT). En una especie de balance de estos cuatro años, Soto apunta que Carabineros ha sido reforzado por este Gobierno y que la policía uniformada ha recuperado -en algoel prestigio que tenía hasta el fin de la era concertacionista. También señala que el Estado mantiene el dominio de las cárceles a pesar de la crisis que vive Gendarmería y el sistema penitenciario. Con todo, agrega, los equilibrios son frágiles.
Pensando en la nueva administración -y en sus promesas ya anunciadasseñala que "en seguridad pública es importante distinguir entre medidas que responden a la contingencia y reformas estructurales bien diseñadas". "La policía no se gobierna sola" -Cosas de la política chilena: el Presidente Boric pasó de defender una refundación de Carabineros a ser condecorado por apoyar el "fortalecimiento estructural" de la institución. ¿ Cómo evalúas la relación-gestión del Gobierno con la policía? -Creo que después de las crisis que vivió Carabineros era necesario fortalecer la legitimidad de una institución relevante para la seguridad y, en la práctica, para la calidad de vida de las personas. De esta forma, desde el Gobierno se entendió que la respuesta no era debilitar la institución, sino profesionalizarla y fortalecerla. Ahora bien, el fortalecimiento no se agota en recursos o reformas legales. Se vuelve realmente estructural cuando existe dirección clara: qué se espera de la institución, cómo se evaluará su desempeño y quién asume los resultados. Sin esa arquitectura de conducción, los avances pueden quedarse en lo material. -¿ En tu opinión ha existido tal "fortalecimiento estructural"? -Ha habido inversión y ajustes normativos relevantes, y eso era necesario. Pero lo estructural no se mide solo por cuánto se gasta, sino por cómo se ordena la institución y qué resultados produce. Si una policía no tiene bien definido su propósito institucional y sus prioridades, la gestión tiende a volverse reactiva. Se responde a la urgencia del día, pero cuesta evaluar si realmente se está avanzando en lo que importa. Un fortalecimiento serio exige coherencia entre propósito, planificación y control de resultados. Desde el trabajo técnico del CPLT hemos visto mayor apertura a incorporar mejoras preventivas y estándares más exigentes, lo que es positivo.
Sin embargo, todavía falta consolidar un sistema de dirección y evaluación que asegure resultados sostenidos en el tiempo. -Hace un tiempo hablaste de una "espiral de abandono" de las policías. -Cuando utilicé esa expresión me refería a una conducción política insuficientemente explícita. En una democracia, la policía no se gobierna sola. La autoridad civil debe definir objetivos, fijar límites y asumir los resultados. Durante un tiempo hubo fuerte presión por desempeño, pero menos claridad respecto de la misión, las métricas y la responsabilidad estratégica. Eso genera una brecha: se exige eficacia sin ordenar plenamente el sistema. Hoy se advierten señales de mayor claridad institucional.
Pero el principio sigue siendo el mismo: la seguridad no se sostiene solo con respaldo discursivo, sino con dirección coherente y responsabilidad asumida. -¿ Cómo has visto el liderazgo del general Marcelo Araya al frente de Carabineros? Los últimos generales directores, pienso en Ricardo Yáñez por ejemplo, tuvieron un perfil más político y comunicacional. -El general Araya ha optado por un liderazgo menos mediático y más concentrado en la estabilidad interna y la gestión operativa. Después de años de tensión institucional, recuperar cohesión era una prioridad razonable. El período anterior estuvo marcado por una crisis de legitimidad que exigía defensa pública permanente. Pero más allá del contexto, siempre es clave abordar la responsabilidad de mando como herramienta de gestión: decisioFOTOGRAFÍA: ALEJANDRO ASTORGA/ATON Autor: Martín Romero E.. "Eso no significa que el sistema esté funcionando bien. La sobreocupación, la infraestructura tensionada y la sobrecarga del personal incrementan los riesgos al interior de los recintos", dice el abogado, coronel (r) de Carabineros y miembro del Comité para la Prevención de la Tortura.
Daniel Soto: La recuperación de Carabineros es real, pero su consolidación dependerá de que el desempeño operativo vaya acompañado de estándares institucionales estables en el tiempo". Sin capacidad efectiva de coordinación y evaluación, el impacto del Ministerio de Seguridad será necesariamente acotado". "No sería correcto afirmar que el Estado ha perdido el control de las cárceles" nes trazables, supervisión efectiva y capacidad de anticipar riesgos. También es justo señalar que la actual conducción ha mostrado apertura a incorporar una mirada preventiva en materia de derechos humanos.
Entender que estándares claros y control interno no debilitan la función policial, sino que la profesionalizan y la hacen más previsible, es una señal positiva. -¿ Ha mejorado en algo la preparación de Carabineros? Una de las lecciones del 18-O fue que nos encontramos con un personal sin entrenamiento, ni equipamiento. -Ha habido avances, especialmente en equipamiento y en ajustes organizacionales vinculados al control del orden público. Eso era necesario. Pero una especialidad no se consolida solo con recursos; requiere claridad operativa y formación sostenida en el tiempo. Todavía persisten vacíos en la definición práctica de cómo se facilita el derecho de reunión y en la secuencia de intervención, particularmente en el uso de medios menos letales. Las etapas de diálogo y eventual escalamiento no siempre están suficientemente delimitadas, lo que puede generar incertidumbre en momentos críticos.
La previsibilidad en el uso de la fuerza no es un obstáculo para la autoridad; es una condición para ejercerla con legitimidad y proteger también al propio funcionario. -¿ Carabineros ha recuperado la legitimidad ciudadana? -Si se observa la evolución desde comienzos de la década de 2010 el recorrido es claro: niveles de legitimidad significativamente más altos al inicio, un deterioro marcado desde 2016-2017 y un punto más bajo en 2019.
Desde 2021 se aprecia una recuperación sostenida, especialmente en los niveles de "aprobación". Esa caída no se explicó tanto por el trabajo cotidiano del carabinero en la calle como por crisis en los niveles superiores de conducción. Cuando fallan los mecanismos de control y supervisión en la cúspide, el impacto se proyecta sobre toda la institución.
La recuperación es real, pero su consolidación dependerá de que el desempeño operativo vaya acompañado de estándares institucionales estables en el tiempo. "Respaldar juridicamente a la policía no es un error" -A principios de año hubo un debate sobre la ley Naín-Retamal a propósito de la absolución del teniente coronel (r) Claudio Crespo en el caso Gatica. ¿ Crees que fue un error su aprobación?, ¿promueve el "gatillo fácil"? -Respaldar jurídicamente a la policía no es un error. El Estado debe proteger a quienes actúan legítimamente en contextos de riesgo. El punto crítico fue la técnica con que se diseñó la ley. La norma introdujo presunciones en materia de legítima defensa y modificó el marco de evaluación del uso de la fuerza. Cambios así requieren una redacción especialmente precisa y una articulación clara con los principios de necesidad y proporcionalidad. Si esa coherencia no es nítida, se genera incertidumbre tanto en tribunales como en el funcionario que debe decidir en segundos. No creo que la ley, por sí sola, promueva "gatillo fácil". Pero si no se integra a estándares operativos claros y aplicables, puede producir más dudas que certezas.
En materias de uso de la fuerza, una buena ley es aquella cuyas reglas son precisas y utilizables en terreno. -¿ Qué te parecen las prioridades que el nuevo Gobierno ha anunciado en materia de seguridad: aplicación de la justicia militar a las policías y FF.AA. en estados de excepción, instalar un registro de vándalos y establecer una sanción penal a quienes se manifiesten ocultando su rostro? -En seguridad pública es importante distinguir entre medidas que responden a la contingencia y reformas estructurales bien diseñadas. Cualquier cambio relevante, sea ampliar jurisdicciones, crear registros o introducir nuevas figuras penales, debe evaluarse con criterios claros: legalidad estricta, carácter excepcional cuando corresponda, proporcionalidad y control efectivo. Cuando pueden verse involucrados derechos fundamentales, el diseño institucional no es un detalle técnico, es la condición de legitimidad. Sin reglas claras, garantías de debido proceso y mecanismos de revisión adecuados, las medidas pueden generar más conflictividad que resultados. La experiencia muestra que la seguridad sostenible no se construye acumulando instrumentos, sino fortaleciendo la gestión, la rendición de cuentas y la coherencia normativa.
La clave no es cuántas herramientas se anuncian, sino cuán bien están diseñadas y controladas. -¿ El Estado tiene el control de las cárceles? Sólo en lo que va del año han habido siete homicidios, y desde noviembre dos fugas. Expertos han advertido que, con los niveles de sobreocupación de los penales, el control interno se hace cada vez más complejo. -No sería correcto afirmar que el Estado ha perdido el control de las cárceles. La autoridad sigue en manos de Gendarmería; no estamos ante un vacío de poder. Eso no significa que el sistema esté funcionando bien. La sobreocupación, la infraestructura tensionada y la sobrecarga del personal incrementan los riesgos al interior de los recintos. Cuando el hacinamiento supera ciertos umbrales, se debilita la segmentación interna y se reduce la capacidad preventiva. Homicidios o fugas no implican pérdida total de control, pero sí revelan un sistema que opera con márgenes estrechos.
El problema es estructural: fortalecer la gestión, profesionalizar el mando y planificar infraestructura con criterios técnicos es tan importante como cualquier reforma penal. -¿ Crees que es suficiente el proyecto de ley del Gobierno que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad? Por lo pronto se terminará con el régimen de sindicatos que existe en la institución, pero es evidente que los problemas son harto más complejos. -El proyecto abre una oportunidad relevante: integrar la ejecución penal dentro de una política de seguridad coherente. Pero su efecto dependerá del diseño institucional que lo acompañe. No basta con cambiar la adscripción orgánica. Se requiere una jefatura civil con responsabilidad estratégica clara sobre el sistema penitenciario y de reinserción; sin conducción unificada, la fragmentación persiste y la lógica punitiva tiende a absorber la función de reinserción. Además, el sistema debe operar con indicadores verificables. La custodia debe medirse por control interno efectivo y reducción de violencia; la reinserción, por resultados objetivos en reincidencia e integración social.
Sin métricas claras, no hay política penitenciaria, solo administración. -¿ Cuál es la situación en las cárceles chilenas? En una columna señalabas que "la precariedad en la atención médica, el aislamiento prolongado y la falta de monitoreo independiente no son anomalías". -Cuando señalé aquello me refería a un problema estructural; son déficits acumulados en el diseño y gestión del sistema penitenciario. Chile mantiene sobreocupación persistente, infraestructura tensionada y brechas en salud. En ese contexto, prácticas que deberían ser excepcionales tienden a normalizarse por presión operativa. No siempre hay mala intención; muchas veces es el efecto de un sistema que funciona con márgenes muy estrechos. Desde el punto de vista jurídico, el estándar es claro: cuando el Estado priva de libertad, asume un deber reforzado de custodia y cuidado. Atención médica adecuada, uso estrictamente excepcional del aislamiento y supervisión efectiva no son concesiones, sino exigencias básicas de buena administración. El problema no es la falta de autoridad, sino la débil detección temprana de riesgos.
Sin monitoreo constante y sistemas de alerta, las fallas se corrigen tarde. -¿ Cómo has visto la operación del Ministerio de Seguridad? Algunos analistas apuntan a que carece de atribuciones de coordinación y mando sobre las policías, además de no tener bajo su control a entidades clave en la seguridad como Aduanas o Gendarmería. -Un ministerio de esta naturaleza debe fijar prioridades nacionales, integrar información, alinear presupuestos y responder por resultados. Sin capacidad efectiva de coordinación y evaluación, su impacto será necesariamente acotado. Además, el sistema de seguridad no se agota en las policías. Incluye Gendarmería, Aduanas, Policía Marítima, control fronterizo y una seguridad municipal en expansión. Si estos actores operan sin interoperabilidad ni métricas comunes, no hay sistema, sino superposición de funciones. Si el ministerio logra articular ese conjunto, puede convertirse en el eje de una gobernanza moderna de la seguridad.
La recuperación de Carabineros es real, pero su consolidación dependerá de que el desempeño operativo vaya acompañado de estándares institucionales estables en el tiempo". Sin capacidad efectiva de coordinación y evaluación, el impacto del Ministerio de Seguridad será necesariamente acotado". Autor: Martín Romero E..