Autor: Por Diana Aros Aros dianaaros@diarioelsur.cl

Camanchaca ingresa demanda en contra del Estado por Ley de Fraccionamiento
Camanchaca ingresa demanda en contra del Estado por Ley de Fraccionamiento na demanda de indemniU'zación de perjuicios en contra del Estado de Chile ingresó la empresa Camanchaca S.A. por los daños ocasionados por la modificación anticipada del régimen de fraccionamiento pesquero introducida por la Ley 21.7512.
La acción judicial, presentada ante el 18 Juzgado Civil de Santiago, argumenta que la nueva normativa -vigente desde el 1 de enero de 2026vulneró derechos patrimoniales adquiridos por la compañía, afectando la seguridad jurídica del sector.
Según argumentó la empresa, durante más de una década el Estado de Chile diseñó, ofreció y consolidó un sistema de administración pesquera basado en licencias transables de pesca, garantizando explícitamente un determinado fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y el artesanal hasta, al menos, el 2032 y luego una renovación mediante un tratamiento ecuánime conforme al desarrollo pesquero.
Y es que, de acuerdo a lo expuesto por la compañía, dicho régimen fue plasmado en la Ley 20.657 de 2012 que se originó tras un acuerdo sectorial previo al trámite legislativo y permitió ordenar la actividad, recuperar pesquerías y generar certezas para la inversión. El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, sostuvo que "el Estado ofreció reglas claras, por un plazo definido y renovables, y Camanchaca tomó decisiones profundas y costosas confiando en esa palabra empeñada en la ley.
Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no sólo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo". MODIFICACIONES Fue en 2013 cuando la compañía aceptó, de forma voluntaria, el nuevo régimen sobre la base del fraccionamiento ofrecido, renunciando a autorizaciones indefinidas de larga data, asumiendo una reducción inicial de sus derechos, pagando royalty y realizando inversiones de largo plazo por millones de dólares, orientadas al consumo humano, la innovación y el empleo regional, decisiones que, según afirmó Camanchaca, se adoptaron "bajo una legítima expectativa de estabilidad regulatoria". Sin embargo, la Ley de Fraccionamiento, promulgada durante 2025, modificó ese fraccionamiento siete años antes de su vencimiento y renovación, reduciendo la participación del sector industrial en la actividad pesquera, lo que, en palabras de la compañía, se realizó sin fundamentos técnicos, científicos ni de sustentabilidad, mermando las posibilidades de desarrollo futuro, impactando, especialmente, en la pesquería del jurel. "Esta no es una discusión ideológica ni un conflicto entre sectores. Es una cuestión de respeto a derechos adquiridos y a un sistema que funcionó, recuperó recursos y permitió invertir con responsabilidad. En último término, es una cuestión de justicia, cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar. No hacerlo es ilegal", enfatizó García.
La compañía lamentó un daño productivo y económico frente al cambio de reglas, situación que, en lo que va de 2026 y con las cuotas ya definidas, la empresa atraviesa una reducción aproximada de 33 mil toneladas de jurel.
Considerando este efecto y el de años venideros, y sobre la base de un análisis económico y financiero, la indemnización solicitada asciende a $90 mil millones. "Defender nuestros derechos no es defender privilegios; es defender el patrimonio legítimo de nuestros accionistas, la certeza jurídica con la que invertimos, el empleo de miles de trabajadores y la posibilidad de seguir produciendo alimentos de calidad para Chile y el mundo", agregó el gerente general. "UN GRAVE PRECEDENTE" Desde Pescadores Industriales del Biobío, respaldaron la acción judicial de Camanchaca y enfatizaron en que "Chile se ha caracteX rizado internacionalmente por ser un país que respeta su Estado de Derecho, pero con la Ley de Fraccionamiento que impulsó el gobierno saliente, por razones meramente ideológicas, se marcó un grave precedente que le hace mal a la confianza país.
Por eso, respaldamos a las empresas pesqueras que han recurrido o recurrirán a tribunales para defender lo que consideran un daño patrimonial severo producto de una expropiación encubierta de derechos". 2032 era la fecha hasta la cual se mantenía vigente el acuerdo para el fraccionamiento entre industriales y artesanales. La empresa afirmó que desde que entró en vigencia la nueva normativa, ha enfrentado una reducción de 33 mil toneladas de jurel. Autor: Por Diana Aros Aros dianaaros@diarioelsur.cl. Según se argumentó, la nueva normativa incumple los acuerdos alcanzados en 2012 que definían garantías, a través de licencias transables, en la división de cuotas del sector. La indemnización solicitada asciende los $90 mil millones 2032 era la fecha hasta la cual se mantenía vigente el acuerdo para el fraccionamiento entre industriales y artesanales. La empresa afirmó que desde que entró en vigencia la nueva normativa, ha enfrentado una reducción de 33 mil toneladas de jurel. La compañía lamentó la baja participación de la industria pesquera tras la nueva ley.