Autor: A. Z. Y A. CH.

Interceptación a teléfono de Miguel Crispi se sumaría a masivas “escuchas” autorizadas en marco de caso ProCultura
Interceptación a teléfono de Miguel Crispi se sumaría a masivas “escuchas” autorizadas en marco de caso ProCultura Suprema.
Durante esta semana, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien dirige la indagatoria, ha estado en audiencias ante la Corte Suprema, luego que un grupo de diputados oficialistas solicitara su remoción en el marco de otra causa, el caso Cariola.
Mientras las diligencias en el caso Procultura siguen, su fiscal, el jefe regional de Coquimbo, Patricio Cooper, estaba ayer en Santiago, en una segunda audiencia en la Corte Suprema, ante la ministra del máximo tribunal Mireya López, quien tramita el proceso abierto en su contra luego que un grupo de legisladores oficialistas solicitara su remoción, aunque en el marco de otra causa, el caso que encabeza contra la diputada Karol Cariola (PC), indagada por un eventual delito de tráfico de influencias. Este miércoles comenzaba su defensa, después que en la víspera fuera el turno de las testificaciones de los requirentes. Hoy y mañana se realizarían otras dos audiencias.
Además de los casos Procultura y Cariola, el persecutor también dirige las pesquisas por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. calizar el uso de recursos públicos en estos convenios de esta fundación y otras cuyos contratos pesquisa la fiscalía. n Un oficio que valida “experiencia” de la fundación Por ejemplo, en aquel convenio por $630 millones entre el Gobierno Regional (Gore) de Antofagasta y Procultura, para la recuperación de tres fachadas en el casco histórico de la ciudad.
Y en un ofic i o e n v i a d o p o r Crispi, que en ese entonces era subdere, al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, a mediados de 2022, se lee que “la fundación Procultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada”. “Esta subsecretaría consigna el documento valida a la Fundación ProCultura para actuar como un organismo subejecutor del programa”. No obstante, esta no habría tenido el giro requerido, sino que su especialidad era la venta de libros. Así al menos lo han hecho ver los querellantes en el caso, al revisar los antecedentes. Luego, el oficio fue también validado por la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez.
Al preguntársele por el CAIGG, Crispi cuando declaró ante la fiscalía afirmó: “En la época q u e e j e r c í c o m o subsecretario (de Desarrollo Regional) no tenía mayor información sobre sus funciones (del CAIGG). Y en 2022, como jefe de asesores, tampoco”, señalando que nunca ha impartido una instrucción a ese consejo.
Para quienes conocen el caso, se espera que pronto la fiscalía vaya adoptando definiciones, dado el reciente levantamiento del secreto que pesaba sobre los antecedentes de la causa. que entre ellos estaría también el dispositivo de Larraín.
En el caso de este último, pues, era quien dirigía la fundación también se habría intentado la interceptación del teléfono del Presidente, pero sin éxito y en el caso de Crispi, por lo que se sabe hasta el momento, pudiera tener relación con el rol que tuvo respecto de esta fundación cuando fue subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Durante el desarrollo de la investigación, la defensa del exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, el abogado Guillermo Chahuán, ha descartado la comisión de cualquier irregularidad por parte de su representado.
Según informaciones reunidas en la indagatoria, en junio de 2022 un año antes de que estallara el caso Democracia Viva se rebajaron los controles por parte del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) sobre el destino y uso de los fondos públicos, lo que a juicio de los querellantes del Partido Republicano, según se lee en una de las acciones penales presentadas por estos “permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial”. En ese contexto, se comunicó por correo electrónico a las contralorías de los servicios públicos, “que no debían informar la transferencia hacia terceros”, por lo que, en una de las líneas investigativas del caso, se indaga si hubo por parte de las autoridades eventuales incumplimientos de obligaciones de fisDesde hace casi dos años, el Ministerio Público puso en marcha una serie de investigaciones por el eventual uso irregular de recursos públicos asignados a distintas fundaciones, luego de que a mediados de junio de ese año surgiera el denominado caso Democracia Viva, que provocó una crisis política pues, la mayoría de los involucrados militaba en Revolución Democrática (RD) y esta se instaló en La Moneda.
Figuras del Frente Amplio (FA) incluso debieron declarar ante la fiscalía, como fue el caso del exasesor del Segundo Piso Miguel Crispi, cuyo teléfono se supo recientemente había sido interceptado cuando todavía se desempeñaba en ese cargo, en el marco de una de las causas derivadas del caso Convenios, aquella en la que se pesquisan contratos de la fundación ProCultura, que comprometen cerca de $6 mil millones.
La entidad fue encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, cercano al mundo del FA y al Presidente de la República, Gabriel Boric. n “Pinchazos” visados incluirían a Larraín La “escucha” significó una reacción del Gobierno, que generó polémica, porque incluso pidió explicaciones a la fiscalía, pese a tratarse de una diligencia que los propios investigadores recordaron contaba con una autorización judicial. Es decir, un tribunal había considerado suficientes los antecedentes expuestos por el fiscal del caso, el jefe regional de Coquimbo, Patricio Cooper (ver recuadro), para fundar la petición de la medida intrusiva. Ahora, solo esta semana, los intervinientes recién están teniendo acceso a piezas del expediente de la causa, tras meses de reserva, dado que se investiga fraude al fisco, lavado de dinero, entre otros delitos.
Uno de los antecedentes que se ha conocido en los últimos días es que no fue solo Crispi el interceptado en el marco de este caso, sino que habría habido intervenciones “masivas”, según se dijo a este medio.
Ciper, en ese sentido, publicó ayer una cifra específica, indicando que al menos 42 celulares fueron “pinchados” con autorización judicial y FUNDACIÓN ProCultura fue fundada en 2009 y según su página web cuenta con “más de 300 proyectos ejecutados”. Se espera que pronto la fiscalía vaya adoptando definiciones en la indagatoria, en que se pesquisan convenios de la fundación que comprometen casi $6 mil millones. Intervinientes están teniendo acceso esta semana a piezas del expediente, tras meses de reserva: n Segundo día en la Suprema, tras petición de remoción. Intervinientes están teniendo acceso esta semana a piezas del expediente, tras meses de reserva: