Autor: U. Andrés Bello

Columnas de Opinión: Diez años tarde
Columnas de Opinión: Diez años tarde Alejandra Ríos Urzúa Directora Observatorio para la Inclusión Hace diez años, cuando Chile rindió examen ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) de la ONU, en el marco de la Convención Internacional, el diagnóstico fue claro: nuestro país mostraba escasos avances que garantizaran el derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad. El Comité expresó su preocupación por la falta de sistemas de apoyo comunitario, lo que obligaba a muchas personas con discapacidad -especialmente intelectuala ser institucionalizadas. Recomendó, explícitamente, un plan de desinstitucionalización que contemplara plazos y presupuesto.
Una década después, la noticia sobre cuidadoras detenidas en Ñuñoa por maltrato con mangueras y vejámenes a personas mayores y PcD no es solo un hecho constitutivo de delito: es el reflejo de una deuda estructural.
Cuando el Estado no desarrolla redes sólidas de apoyo en la comunidad, cuando la vida independiente no cuenta con financiamiento suficiente ni planificación intersectorial, algunos grupos de riesgo -como las PcD-quedan expuestos a este tipo de vulneración de derechos. La Ley 20.422 estableció principios de autonomía e inclusión social para este colectivo. Sin embargo, la implementación efectiva de un sistema de apoyos, la opción de asistencia personal, de viviendas con acompañamiento y servicios comunitarios de calidad, es prácticamente inexistente. El derecho a vivir en comunidad no se cumple con declaraciones; requiere política pública sostenida, coordinación intersectorial, así como presupuestos que reconozcan que la inclusión no es gasto, sino garantía de calidad de vida. La violencia institucional no comienza con una manguera: comienza cuando la alternativa a la institucionalización simplemente no existe. Si hace diez años la ONU nos llamó a avanzar con urgencia, hoy la evidencia nos recuerda que postergar ese desafío tiene consecuencias humanas concretas. La desinstitucionalización no es una consigna; es una obligación jurídica y ética que Chile asumió voluntariamente en 2008. Cumplirla es una cuestión de derechos. Autor: U. Andrés Bello. Opinión