Autor: . Alejandra Ríos Urzúa, Directora Observatorio para la Inclusián 11 Andrés Rella

DIEZ AÑOS TARDE
DIEZ AÑOS TARDE CARTAS Al.
DIRECTOR ENVIAR A: editar@elpinguino.com DIEZ AÑOS TARDE Señor Director: Hace diez años, cuando Chile rindió examen ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PcD) de la ONU, en el marco de la Convención Internacional, el diagnóstico fue claro: nuestro país mostraba escasos avances que garantizaran garantizaran el derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad. El Comité expresó su preocupación por la falta de sistemas de apoyo comunitario, comunitario, lo que obligaba a muchas personas con discapacidad especialmente intelectual a ser institucionalizadas. Recomendó, explícitamente, un plan de desinstitucionalización que contemplara plazos plazos y presupuesto.
Una década después, la noticia sobre cuidadoras detenidas en Nuñoa por maltrato con mangueras y vejámenes a personas mayores y PcD no es solo un hecho constitutivo de delito: es el reflejo de una deuda deuda estructural.
Cuando el Estado no desarrolla redes sólidas de apoyo en la comunidad, cuando la vida independiente independiente no cuenta con financiamiento suficiente ni planificación intersectorial, algunos grupos de riesgo riesgo -como las PcD-quedan expuestos a este tipo de vulneración de derechos. La Ley 20.422 estableció principios de autonomía e inclusión social para este colectivo. Sin embargo, la implementación efectiva de un sistema de apoyos, la opción de asistencia personal, de viviendas con acompañamiento acompañamiento y servicios comunitarios de calidad, es prácticamente inexistente. El derecho a vivir en comunidad comunidad no se cumple con declaraciones; requiere política pública sostenida, coordinación intersectorial, así como presupuestos que reconozcan que la inclusión no es gasto, sino garantía de calidad de vida. La violencia institucional no comienza con una manguera: comienza cuando la alternativa a la institucionalización institucionalización simplemente no existe. Si hace diez años la ONU nos llamó a avanzar avanzar con urgencia, hoy la evidencia nos recuerda que postergar ese desafio tiene consecuencias humanas concretas. La desinstitucionalización no es una consigna; consigna; es una obligación jurídica y ética que Chile asumió voluntariamente en 2008. Cumplirla es una cuestión de derechos. Alejandra Ríos Urzúa, Directora Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello.