Autor: OLIVER RODRÍGUEZ

Cárceles superan los 62 mil internos, 10 mil más que la “cifra crítica” identificada por el Gobierno en 2023
Cárceles superan los 62 mil internos, 10 mil más que la “cifra crítica” identificada por el Gobierno en 2023 “El problema es en qué momento el sistema institucional con la capacidad que tiene en la actualidad entra en una fase crítica: 52 mil (internos), y por qué 52 mil, porque a partir de ese número comienza el hacinamiento en todo el sistema carcelario”. Así, en mayo de 2023, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, advertía respecto de las consecuencias que traía consigo el crecimiento de la población penal para el sistema penitenciario.
Esto, en un contexto en que, además, expertos y autoridades remarcaban en aquel año que ya se comenzaba a registrar en cárceles un recrudecimiento de la violencia entre los internos, a partir del encarcelamiento de integrantes de bandas de crimen organizado.
También, recordaba: “Tenemos una infraestructura penitenciaria desde 2012 para 41 mil o 42 mil personas, que no ha cambiado”. Más de dos años después, según cifras de Gendarmería, la situación ha empeorado, pues a diciembre de 2025 había 62.323 internos, una ocupación récord, y la capacidad máxima del sistema sigue siendo 42 mil.
Salvo una (Los Ríos, con un 98,7% ), todas las regiones del país están sobre el 100% de ocupación de su capacidad carcelaria, con casos críticos como el de Atacama, con un 200%; el Maule, con 192%; La Araucanía, con un 178%; Antofagasta, 184%, y Metropolitana, con un 168%. Esa es una arista central de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario, según expertos, la que se ve acentuada por el perfil de reos, hoy de mayor peligrosidad. n “Se ha cruzado una línea crítica” Para el exdirector de Gendarmería Christian Alveal “los elevados niveles de hacinamiento deterioran las condiciones de habitabilidad; dificultan la gestión operativa y comprometen seriamente la seguridad institucional (... ), el crimen organizado encuentra mayores oportunidades para instalar dinámicas de gobernanza criminal al interior de los recintos”. Y añade que “para la delincuencia común, históricamente la cárcel era percibida como la playa; para el crimen organizado, en cambio, los recintos penitenciarios se han transformado en verdaderas oficinas desde las cuales operan, dirigen estructuras criminales, se protegen y, en casos extremos, ordenan incluso ejecuciones desde el interior de los establecimientos penales. Esta situación evidencia que se ha cruzado una línea crítica”. Mientras que la ex directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional Francisca Werth señala que “las conclusiones son muy preocupantes.
No solo por lo que implica en la contingencia tener ese nivel de hacinamiento, en cuanto a peligro y ni qué decir de las vulneraciones a los derechos de las personas, sino porque es una situación casi imposible de revertir en el corto plazo”. Plantea que las consecuencias del hacinamiento, “aparte de económicas, porque el sobreprecio que se paga a las concesionarias es La sobrepoblación en las cárceles se extiende a todo el país.
Así, 15 de las 16 regiones tienen un uso de la capacidad de los recintos superior al 100%. muy importante, es que no tenemos posibilidades de segmentar, implementar medidas de reinserción y estamos en una constante posibilidad de una crisis mayor”. Por su parte, el exfiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la U. San Sebastián, Luis Toledo, advierte que los números confirman que “hoy el sistema no está tensionado, está desbordado. La cifra revela un desajuste severo entre política criminal y política penitenciaria.
El aumento de la persecución penal, la expansión de tipos penales y el mayor uso de prisión preventiva no fueron acompañados de una expansión proporcional de infraestructura ni de personal”. Aquello significa, dice, que “no existe margen de redistribución territorial. En términos comparados, una ocupación sobre 120% ya es considerada crítica por estándares internacionales. Un 147% implica pérdida de gobernabilidad interna progresiva”. El problema apunta “ya no es solo humanitario, es de seguridad pública, porque el hacinamiento reduce el control efectivo. Cuando hay sobrepoblación, la administración penitenciaria pierde capacidad de clasificación adecuada. Se mezclan perfiles de baja peligrosidad con miembros de bandas estructuradas”. n Advierten aumento de riesgo de corrupción entre funcionarios Toledo piensa que “se fortalece la gobernanza criminal interna. Las organizaciones de crimen organizado operan bajo lógica de estructura jerárquica, financiamiento y disciplina.
En contextos de hacinamiento, esa estructura reemplaza al Estado en la regulación informal del penal y, con ello, aumenta el riesgo de corrupción de funcionarios”. Pese a lo anterior, y sobre la frase de 2023, Werth sostiene que el Gobierno durante su gestión “tomó algunas decisiones importantes, entre ellas el Plan Maestro de Infraestructura, que habían sido postergadas por décadas”. Sobre qué medidas se pueden aplicar para hacer frente a la situación, cree que se debe sostener la política de infraestructura, pero enumera otras opciones: “No pienso en indulto por delitos graves, pero podría considerarse a personas con condenas ya casi cumplidas, mujeres y hombres de cierta edad, con seguimiento y posibilidades de reinserción laboral”. n “La construcción es necesaria, pero no suficiente” A su vez, Alveal sostiene que se debe avanzar en alcanzar un consenso “que permita establecer un régimen penitenciario significativamente más estricto para reincidentes y autores de delitos violentos”. Pero además, plantea que “es posible implementar soluciones de carácter inmediato para perfiles delictuales de menor complejidad, siempre que cuenten con redes de contención social efectivas y con dispositivos de seguimiento y control adecuados”. El directivo de la USS, por su parte, dice que “la construcción es necesaria, pero no suficiente (). En el corto plazo, hay otras líneas de acción posibles: en primer lugar, segmentación estricta y clasificación dinámica. Separar de manera efectiva a miembros de organizaciones criminales de internos comunes. Esto requiere inteligencia penitenciaria robusta y módulos especializados”. Aun así, llama a revisar la aplicación de la prisión preventiva, remarcando su crecimiento. Asimismo, apunta a la implementación de elementos tecnológicos: “Las tobilleras electrónicas no son una concesión, son una herramienta de gestión penitenciaria racional.
Si se aplican con criterios técnicos de riesgo, permiten liberar plazas sin comprometer seguridad”. n Justicia reconoce peligros de actual situación Consultados, desde el Ministerio de Justicia admiten que la ocupación actual “pone en tensión al sistema, dificulta la labor del personal de custodia, genera situaciones de violencia en los penales, obstaculiza el objetivo de la reinserción social y abre espacios a los intentos del crimen organizado para actuar desde el encierro, por la vía de incentivar la corrupción”. Por eso, relevan la importancia del Plan Maestro de Infraestructura, asegurando que “entre 2023 y finales de 2025, el Gobierno avanzó en la incorporación de 2.983 plazas nuevas o recuperadas al sistema penitenciario a través de la ejecución de ocho proyectos”. Mientras que para 2030 se considera la incorporación al “sistema de más de 15 mil plazas, con una inversión actualizada de 1,7 billones de pesos”. También, dicen en la cartera, si todo esto se desarrolla, “el sistema superaría 70.000 plazas hacia 2034, lo que permite abordar la tendencia al alza proyectada para 2030”. En cuanto a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento, señalan que “con dispositivo de monitoreo activo, por cumplimiento de penas alternativas hay 3.935 personas. Y con dispositivo por Ley de Violencia Intrafamiliar hay 243 personas monitoreadas”. Y en este punto, advierten: “Es indudable que el alza significativo de personas privadas de libertad, sobre todo en prisión preventiva, es excesivo.
Hay que considerar que en los últimos años se ha dictado un conjunto de leyes que aplican sanciones penales, sin considerar el efecto que esto tiene en el sistema penitenciario; (y) que la aplicación de la libertad condicional es muy restrictiva”. Los recintos penitenciarios se han transformado en verdaderas oficinas desde las cuales operan, dirigen estructuras criminales, se protegen y, en casos extremos, ordenan incluso ejecuciones desde el interior”.. ................................................................... CHRISTIAN ALVEAL EXDIRECTOR DE GENDARMERÍA No pienso en indulto por delitos graves, pero podría considerarse (... ) condenas ya casi cumplidas, mujeres y hombres de cierta edad, con seguimiento y posibilidades de reinserción laboral”.. ........................................................... FRANCISCA WERTH EX DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FISCALÍA NACIONAL Las tobilleras electrónicas no son una concesión, son una herramienta de gestión penitenciaria racional.
Si se aplican con criterios técnicos de riesgo, permiten liberar plazas sin comprometer seguridad”.. ............................................................. LUIS TOLEDO EXFISCAL Y DIRECTOR DE LA USS PLAZAS Desde el Gobierno, el Ministerio de Justicia señala que entre 2023 y 2025 se habilitaron 2.983 plazas. Autor: OLIVER RODRÍGUEZ. Se trata de una ocupación récord, de acuerdo con las estadísticas de Gendarmería. Entre consultados remarcan que, además de la construcción de penales, ya en marcha, se deben evaluar iniciativas como indultos a reos de baja peligrosidad y medidas de cumplimiento alternativo con control tecnológico, como tobilleras electrónicas.
Expertos advierten que el sistema no está “tensionado”, sino “desbordado”: ‘‘Los recintos penitenciarios se han transformado en verdaderas ‘oficinas’ desde las cuales operan, dirigen estructuras criminales, se protegen y, en casos extremos, ordenan incluso ejecuciones desde el interior”.. ................................................................... CHRISTIAN ALVEAL EXDIRECTOR DE GENDARMERÍA ‘‘No pienso en indulto por delitos graves, pero podría considerarse (... ) condenas ya casi cumplidas, mujeres y hombres de cierta edad, con seguimiento y posibilidades de reinserción laboral”.. ........................................................... FRANCISCA WERTH EX DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FISCALÍA NACIONAL ‘‘Las tobilleras electrónicas no son una concesión, son una herramienta de gestión penitenciaria racional.
Si se aplican con criterios técnicos de riesgo, permiten liberar plazas sin comprometer seguridad”.. ............................................................. LUIS TOLEDO EXFISCAL Y DIRECTOR DE LA USS PLAZAS Desde el Gobierno, el Ministerio de Justicia señala que entre 2023 y 2025 se habilitaron 2.983 plazas.