Autor: Víctor Inostroza Cárcamo Investigador Fundación Plensa

COLUMNAS DE OPINIÓN: El error no es pedir más
COLUMNAS DE OPINIÓN: El error no es pedir más La seguridad se ha instalado como la principal preocupación del país y de la Región de Valparaíso. Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana Ciudadana (ENUSC), uno de cada cinco hogares hogares declara haber sido víctima de un delito en el último año. Además, durante el primer trimestre de 2025, esta fue una de las pocas regiones donde aumentaron los delitos de mayor connotación social. Es evidente que existe un problema serio, y también que el Estado no ha estado a la altura. En los ültimos meses, varios alcaldes han manifestado manifestado sentirse sobrepasados y han pedido más atribuciones para enfrentar la delincuencia. delincuencia. La demanda no es ilegítima.
Pero antes de discutir si corresponde entregar nuevas herramientas, herramientas, vale la pena hacerse una pregunta: ¿ se están usando bien las que ya existen? La responsabilidad en materia de seguridad seguridad está repartida entre distintos niveles y poderes del Estado. El gobierno central diseña la estrategia nacional, coordina a las policías, ejecuta la política criminal y resguarda el orden público. El Congreso legisla, legisla, aprueba presupuestos y nombramientos de autoridades claves del sistema. El Poder Judicial juzga los delitos y garantiza el debido proceso. ¿Y los municipios? Tienen la misión de organizar la prevención a nivel local. Una tarea nada menor. Desde su vínculo directo con el territorio, los municipios cuentan con diversas facultades facultades para contribuir a la seguridad. Pueden elaborar diagnósticos comunales, diseñar planes de seguridad, coordinar el trabajo de Carabineros y otras instituciones, convocar y presidir los Consejos Comunales de Seguridad Seguridad Pública, postular a fondos públicos y dictar ordenanzas. También pueden intervenir intervenir en aspectos que inciden en la percepción y ocurrencia de delitos, como el alumbrado público, el orden del comercio ambulante o el uso de espacios públicos.
Para observar con mayor claridad cómo se están utilizando esas capacidades, en Fundación Fundación P! ensa elaboramos un Índice de SeguriVíctor SeguriVíctor Inostroza Cárcamo Investigador Fundación P! ensa dad Municipal que fue aplicado a doce comunas comunas de la región. El objetivo era medir en qué medida los gobiernos locales están usando las herramientas que ya tienen para mejorar la seguridad en sus territorios. Los resultados muestran avances, pero también también brechas significativas. Por ejemplo, solo una de las doce comunas evaluadas postuló a financiamiento del FNDR en materia de seguridad seguridad durante 2024. Cinco de ellas realizaron el 60 % o menos de las sesiones de sus Consejos Comunales de Seguridad Pública, instancias clave para coordinar acciones con otras instituciones. instituciones. En casos como Cartagena y San Antonio, Antonio, la ejecución de estos consejos fue de apenas un 8 % y 25 %, respectivamente. Estos ejemplos no buscan apuntar con el dedo, sino evidenciar un problema estructural: estructural: en muchos municipios, las atribuciones en seguridad no se están ejerciendo de manera efectiva. Y mientras eso no cambie, poco servirá servirá sumar nuevas competencias. Tener más poder no garantiza mejores resultados. Lo que importa es cómo se ejerce. El verdadero error no está en pedir más, sino en hacerlo sin haber utilizado bien -o sin haber utilizado del todolo que ya está disponible. Muchas de las herramientas bien aplicadas pueden marcar una diferencia diferencia concreta en la seguridad local, sin necesidad de reformas legales ni nuevas atribuciones. El trabajo municipal merece ser valorado. Los gobiernos locales cumplen un rol insustituible insustituible en la vida cotidiana de las personas y en la respuesta concreta a sus necesidades. Justamente por eso preocupa que se hable de nuevas atribuciones sin tener claridad sobre el nivel actual de desempeño. La seguridad será, sin duda, uno de los temas centrales del periodo eleccionario que viene. La ciudadanía tiene el derecho de exigir al gobierno que enfrente con decisión al crimen organizado. Pero también debe exigir que los municipios hagan bien su parte: que coordinen, que evalúen y que usen bien los instrumentos que ya tienen..