El FES-tín del Estado
El FES-tín del Estado Sylvia Eyzaguirre Investigadora CEP Investigadora CEP sta semana se aprobó en la Cámara el proyecto de ley que reemplaza el Crédito con Garantía del Estado (CAE) por un nuevo sistema de financiamiento (FES). Si bien el proyecto mejoró en su tramitación legislativa, todavía está muy lejos de ser bueno. El Senado tiene ahora la tarea de contener las tentaciones electorales y meterle mano a un proyecto que, de ser mejorado, podría dar una efectiva solución a un problema sobre el cual existe bastante consenso.
Los principales problemas del CAE son su alto costo fiscal, dada la baja recaudación producto de la alta morosidad, que en parte se debe a las promesas de condonación que ha dado el gobierno, y las condiciones abusivas que tienen los beneficiarios morosos que no se pueden acoger a las nuevas condiciones del CAE (tasa de interés del 2% y contingencia en el ingreso). El proyecto del gobierno, sin embargo, no tiene como único objetivo solucionar estos problemas, sino que aprovecha la oportunidad para lograr otros, a saber: profundizar una aparente gratuidad a costa de hundir a las instituciones de educación superior (IES) y que el Estado tome el control de la educación superior a través de la fijación de los precios y posicionarse como fuente casi exclusiva de financiamiento. Resulta desconcertante que el gobierno insista en reponer la prohibición del copago en el Senado, conociendo el efecto que ha tenido la gratuidad en la sostenibilidad financiera del sistema. El actual marco de acreditación eleva los estándares y exige a todas las instituciones avanzar hacia mayor complejidad, siendo la vinculación con el medio, la investigación y la innovación dimensiones obligatorias para todas las instituciones. En ese marco, las IES requieren de más recursos, no de menos.
Ello se suma a la irrupción de la inteligencia artificial, que tendrá un enorme impacto en el mercado laboral y, por ende, en la formación de capital humano, donde las IES están llamadas a tener un papel clave.
Si asumiéramos que todos los estudiantes hasta el noveno decil de las instituciones adscritas a la gratuidad tomaran el FES y todos ellos terminaran sus estudios en su duración nominal, la merma de recursos entre gratuidad y FES para estas IES sería de aproximadamente 480 millones de dólares anuales. Ello sin considerar a las instituciones que no están adscritas a gratuidad, cuyos alumnos representan un porcentaje mayor entre los beneficiarios del CAE. Además, en tiempos de extrema polarización la autonomía pasa a ser indispensable para mitigar las discrecionalidades arbitrarias de los gobiernos. Solo basta ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos para querer blindar a las universidades y no dejarlas a merced del Estado.
Tenemos un problema real con el alto costo de la educación superior, pero la solución no es la prohibición del copago, sino acortar la duración de las carreras y mejorar las paupérrimas tasas de retención y titulación oportuna, sobre lo cual tampoco hay incentivos en este proyecto. Uno de los aspectos positivos que tiene el FES es el nuevo sistema de recaudación, que promete disminuir la morosidad en los pagos y con ello reducir el costo para el Fisco.
Con todo, los buenos números fiscales que presenta el proyecto en su informe financiero descansan, en parte importante, en que un porcentaje no menor de beneficiarios termine pagando mucho más que el gasto incurrido por el Estado. El actual FES es mucho más abusivo que el CAE para un porcentaje relevante de estudiantes. Cuesta entender que quienes se opusieron al CAE original por su tasa de interés del 6% hoy propongan un instrumento que puede llegar a tasas superiores al 17% anuales. Sin duda, este es otro aspecto que se debe mejorar del proyecto, reduciendo de forma significativa el límite máximo de pago. Esta medida tendrá un impacto importante en la sostenibilidad fiscal del nuevo sistema, de ahí la necesidad de revisar los parámetros de la contingencia en el ingreso..