Negociación por megatoma de San Antonio se extiende por una semana para intentar evitar el desalojo
Negociación por megatoma de San Antonio se extiende por una semana para intentar evitar el desalojo »En la megatoma de San Antonio viven más de 10 mil personas.
Negociación por megatoma de San Antonio se extiende por una semana para intentar evitar el desalojo Aunque el plazo para evitar la demolición de las construcciones irregulares vencía este miércoles 27, el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de San Antonio, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. y la Subsecretaría del Interior decidieron darse hasta el 3 de septiembre en búsqueda de acuerdos ante la falta de consenso en puntos clave. decidieron darse hasta el 3 de septiembre en búsqueda de acuerdos ante la falta de consenso en puntos clave. Maximiliano Estrada Maximiliano Estrada Las negociaciones para evitar el desalojo de la megatoma de San Antonio, en el cerro Centinela, recibieron un nuevo --y tercer-plazo.
Según definió este lunes 25 de agosto la comisión técnica encargada de negociar una salida pacífica y sin el desalojo de más de 10 mil personas, se decidió de manera unánime extender sus funciones hasta el 3 de septiembre, con el objetivo de seguir acercando posiciones entre los distintos actores.
A través de un escrito, se precisa que la mesa ha definido "con el acuerdo de sus mandantes continuar el trabajo de esta comisión, bajo los términos establecidos en dicho protocolo, hasta el 3 de septiembre", y agrega que "en caso contrario, se hará operativo el fallo de la Corte de Valparaíso". La mesa, constituida en febrero de este año bajo un protocolo de acuerdo, reúne a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. de sus propietarios mayoritarios -Ricardo Posada y Esteban Solari, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Municipalidad de San Antonio y Subsecretaría del Interior.
Hasta ahora las tratativas han enfrentado puntos complejos como el precio por metro cuadrado, las condiciones de financiamiento y, especialmente, la definición de garantías para los pagos mediante cooperativas habitacionales como vía de acceso a la propiedad. El acuerdo de este lunes llega después de un fin de semana de máxima tensión.
Tal como informó este medio el sábado, el domingo 24 de agosto había sido fijado como plazo interno para que la mesa técnica alcanzara un protocolo de acuerdo y este lunes debía informar a sus mandantes los resultados de las conversaciones. Sin embargo, la falta de consenso obligó a extender nuevamente el trabajo de la comisión.
En la última semana, la propia cartera de Vivienda, encabezada por Carlos Montes, había postergado la reunión del martes para el jueves 21 de agosto buscando consolidar una propuesta que evitara el desalojo de más de 4.100 familias que viven en el terreno desde 2019. Se trata de la ocupación irregular más extensa del país, con más 250 hectáreas tomadas, lo que explica la preocupación del gobierno frente al eventual impacto social de un desalojo masivo.
Tras la extensión del plazo, la seremi de Vivienda en la región de Valparaíso, Belén Paredes, aseguró a Radio Bío Bío que "es muy relevante decir que esto ha sido una negociación privada que maneja el ministerio como intermediario y que lo más importante es que estas dos partes se pongan de acuerdo". Los nudos Si bien las conversaciones se han mantenido herméticas por un acuerdo de confidencialidad entre las partes, hasta el sábado pasado el principal obstáculo seguía siendo la exigencia de los propietarios de contar con un documento de garantía explícita de que el Banco Estado participará como entidad financiera del proceso, condición que el ministerio asegura está zanjada. La cartera también aseguró a otra institución financiera que serviría como garante en el proceso. Asimismo, otro nudo en la parte final del proceso era que tampoco había un aval en caso de que las cooperativas incumplan con el pago. En paralelo, persisten las diferencias respecto del precio.
Mientras al inicio de las conversaciones las posiciones estaban muy distantes -0,21 UF por metro cuadrado ofrecidas por el Minvu frente a 0,69 UF de los dueños-, la brecha se ha ido acortando, aunque sin un acuerdo definitivo. Otro punto sensible ha sido el rol de las cooperativas conformadas por los propios habitantes del Cerro Centinela.
Aunque inicialmente se esperaba su inclusión en la mesa de negociación, finalmente quedaron fuera, lo que ha generado molestia entre sus dirigentes. "Siempre hemos pedido participar, pero no quieren que estemos ahí", dijo José Briso, tesorero de la cooperativa Nuevo Futuro y presidente de la Coordinadora Quinta Costa, la semana pasada. La extensión del plazo, que vencía este 27 de agosto, evidencia que, pese a algunos avances, aún no existe un acuerdo definitivo que permita zanjar la situación.
De no alcanzarse consensos antes del 3 de septiembre, los propietarios podrían solicitar a la Corte hacer efectivo el fallo de desalojo, lo que activaría un proceso con participación del Ministerio de Seguridad, la Delegación Provincial y las municipalidades de San Antonio y Cartagena.O.