Autor: David Tralma

Crece la inquietud de La Moneda por el “pinchazo” a Crispi y se evalúa solicitar audiencia al fiscal Valencia para abordar el tema
Crece la inquietud de La Moneda por el “pinchazo” a Crispi y se evalúa solicitar audiencia al fiscal Valencia para abordar el tema Este lunes La Moneda decidió ir un paso más allá ante la preocupación por las medidas intrusivas solicitadas por la Fiscalía en el marco del caso Procultura. Ante la versión publicada por ExAnte de que incluso se habría solicitado interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric, los ministros del Comité Político acordaron solicitar una audiencia al fiscal Nacional Ángel Valencia. De esta manera, al cierre de esta edición se evaluaba que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde se reuniera esta semana con Valencia para tratar el asunto.
Pasadas las 19 horas la vocera Aisén Etcheverry salió a refrendar que las conversaciones del mandatario tiene un estándar superior de seguridad y emplazó públicamente a Valencia a dar una explicación por la medida habría sido solicitada por la Fiscalía. “Las conversaciones que tienen los jefes de Estado son, en muchos casos, con presidentes de otros países, que abordan temas estratégicos como migraciones, en economía, seguridad. Por lo tanto, tienen un estándar de protección que es más alto.
Por eso esperamos que el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda confirmar o negar este trascendido de prensa”. Las alarmas se encendieron en el palacio 14 de abril, cuando el exde gobierno el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, tomó contacto con La Moneda para alertar que su teléfono había sido interceptado desde noviembre por la Fiscalía en el marco del caso Procultura. Indagatorias Las escuchas a su teléfono en particular un diálogo con su madre, Claudia Serrano en que comentaba la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allendeabrieron la investigación judicial por el Caso.
La advertencia del frenteamplista que renunció a La Moneda el 10 de marzo activó las alarmas del Ejecutivo por la acción intrusiva de la Fiscalía considerada como grave, pues implica que han tenido acceso a las conversaciones del núcleo íntimo del Presidente Gabriel Boric por lo menos desde hace cinco meses. Hoy, en La Moneda solo crece la inquietud por los alcances que puedan tener las escuchas telefónicas a Crispi, pero afirman estar atados de manos al desconocer cuál es el motivo de la interceptación. De ello dio cuenta el propio sociólogo frenteamplista, por medio de una declaración pública de su abogado, Guillermo Chahuán, al cierre de esta edición. “El Sr.
Crispi declaró ante el Ministerio Público que ésta fue una conversación informal con su madre, que nunca tuvo conocimiento de presión alguna que hubiera realizado la exsenadora Isabel Allende, y que sí tuvo conocimiento de que la familia Allende estaba representada formalmente por un abogado, quien efectivamente monitoreó el avance del proceso y no advirtió de la inhabilidad. Esperamos tener a la vista la carpeta de investigación, y los fundamentos de la concesión de la medida intrusiva para evaluar los pasos a seguir”, se lee en el texto de cuatro párrafos. Crispi no tiene acceso a la carpeta y, transmiten en su entorno, tampoco emprendería acciones en contra de la Fiscalía por la medida intrusiva en su contra.
Extraoficialmente, lo que han transmitido los fiscales del caso es que la interceptación al celular de Crispi está ligada al rol que él ejerció como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) en 2022, época en la que se aprobaron parte de los recursos para la fundación ProCultura, fundada por Alberto Larraín, psicólogo que ha manifestado ser cercano al Presidente Boric. Las alarmas en La Moneda no solo se concentran en la interceptación del celular de Crispi. Hoy, el temor de Palacio pasa porque los teléfonos de otras figuras estén “pinchados” por el ente persecutor. En ese sentido, se ha puesto la mirada sobre la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (FA), quien también se ha visto salpicada con cuestionamientos de la oposición por su rol en el caso ProCultura.
En el gobierno también son conscientes del intento de la Fiscalía por incautar los dispositivos móviles de la exministra de Defensa, Maya Fernández; la senadora Isabel Allende, y los exasesores del Segundo Piso involucrados en la fallida compra de la casa, Leonardo Moreno, Bernardita Nazar, y el propio Crispi. A ello se suma el fallido intento de incautar el teléfono del Presidente Boric, lo que en Palacio consideran que “superó los límites”.O. En el gobierno de Boric hay preocupación por las medidas intrusivas solicitadas por la Fiscalía en el caso ProCultura que habrían incluido un intento por interceptar el teléfono del Presidente. El comité político este lunes abordó el asunto y evaluó solicitar una reunión con el presecutor nacional. Miguel Crispi (FA), exjefe del Segundo Piso de La Moneda.