Pinchazos: tema lo analizó el comité político y vocera dijo que la fiscalía aún no les aclara el tema
Pinchazos: tema lo analizó el comité político y vocera dijo que la fiscalía aún no les aclara el tema Ministro de Seguridad, Luis Cordero, intervino hoy en el tema, reforzando que esta investigación es secreta e impide conocer antecedentes. antecedentes. Pablo Basadre G. as escuchas telefónicas a Miguel Crispi cuando aún era el jefe de asesores presidencial tienen a La Moneda en una preocupación permanente. Cierta paranoia se tomó Palacio. ¿Qué se habló y con quién se habló durante el periodo en que Crispi fue es chado?, es la duda interna. Según la información publicada por La Tercera, los pinchazos se autorizaron entre noviembre de 2024 y el 10 de marzo de 2025. Algo que el fiscal Patricio Cooper dijo que no revelaría por tratarse de una causa de lavados de activos, que involucra a la Fundación ProCultura.
Pero a ese problema se sumó otro, luego que Ex Ante publicara que el Ministerio Público también solicitó otra medida intrusiva, en el marco del caso de ProCultura: la intervención del teléfono móvil del Presidente Gabriel Boric. Fuentes de este diario, confirmaron dicha información, pero el Ministerio Público no se referirá al tema.
De hecho, hoy el equipo de Cooper enviaría a los medios un comunicado publico solo para confirmar que se trata de una causa que tiene reserva por ley De acuerdo al medio, la decisión se basa en otras escuchas telefónicas relacionadas con el médico psiquiatra Alberto Larraín, uno de los principales involucrados en el caso de los dineros estatales que fueron a parar a distintas fundaciones durante este gobierno, que en el caso de ProCultura llegaron a más de $5 mil millones. Cultura llegaron a más de $5 mil millones. Cultura llegaron a más de $5 mil millones. Cultura llegaron a más de $5 mil millones.
Dos fuentes del gabinete en el Ejecutivo explicaron a La Segunda que el tema se trató esta semana en el Comité Político, que no existe una preocupación de ámbito penal y que Boric transmitió que debe ser transparente frente a las indagatorias del Ministerio Público y que se debe colaborar. borar. Respecto alas escuchas telefónicas de Crispi, argumentaron que la inquietud del Gobierno apunta a si la aplicación de estas medidas intrusivas realmente tiene un respaldo. La molestia existe porque a juicio de algunos secretarios de Estado consultados, no tienen un asidero legal sino mas bien comunicacional.
Públicamente eso sí, la vocera Aysén Etcheverry repitió hoy que ellos quieren que la fiscalía aclare si está intervenido el teléfono presidencial considerando los temas de seguridad nacional involucrados. "Peor hoy día no tenemos nada nuevo que agregar. No, no ha habido novedad", sostuvo en radio Súbela, al consultársele si el Ministerio Público respondió las dudas del Ejecutivo.
En el Gobierno explicaron que la líEn el Gobierno explicaron que la líEn el Gobierno explicaron que la líEn el Gobierno explicaron que la líEn el Gobierno explicaron que la líEn el Gobierno explicaron que la líEn el Gobierno explicaron que la línea comunicacional y política de lo que ocurre con la investigación de la fiscalía la bajó hoy el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Consultado tras una actividad en la comuna de Quilicura, explicó que no existía un problema de confianza hacia la institución que maneja Ángel Valencia. "Lo correcto es que todos actuemos en la rectitud de la Constitución y de la ley. El Ministerio Público tiene atribuciones, las ejerce y las solicita con autorización judicial". Cordero agregó que "así opera el Estado de Derecho en Chile, No nos vamos a hacer cargo de trascendidos. Entre otras razones, quiero advertir por una cuestión que legalmente, por lo menos para nosotros, es muy relevante. Y es que las investitros, es muy relevante. Y es que las investitros, es muy relevante. Y es que las investigaciones, especialmente en el caso de ProCultura, están sujetas a una reserva reforzada por el tipo de delitos que se están investigando, especialmente el lavado de activo.
Existe una norma en la ley que refuerza el secreto y, en consecuencia, cualquier referencia pública implicaría infringir la ley". El Fiscal Nacional Ángel Valencia explicó el fin de semana pasado que las filtraciones ocurrían cuando el Ministerio Público tenía la obligación de entregar copias de las carpetas al resto de los intervinientes, pero en el Ejecutivo miran con recelo silos fiscales tienen algo que ver o no en dichas filtraciones.
Mientras crece la preocupación, el fiscal Cooper salió nuevamente a enfrentar las críticas a su labor y explicó que "el Tribunal de Garantía tiene que autorizar las medidas intrusivas, y el trabajo del Ministerio Público es solicitar esas medidas intrusivas cuando cree que tienen fundamento.
Y la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó que tenía fundamento para esas medidas intrusivas que han salido en los medios de prensa". Cooper fue más allá y dijo que le llamaba la atención "que se hable de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo", reprochó. También aclaró que el teléfono ya no está "pinchado", sin revelar el período en que esto ocurrió. que esto ocurrió. que esto ocurrió. que esto ocurrió.
La agenda durante los meses en que el teléfono estuvo intervenido, supuestamente entre noviembre de 2024 y marzo de este año, tenía al Ejecutivo dando explicaciones por su tardía reacción en el caso donde se investiga al exsubsecretario Manuel Monsalve, formalizado por presuntos delitos sexuales.
El 7 de enero, el día que se produjo la conversación con su madre, las crónicas políticas darían cuenta de la trastienda detrás de la salida de la ministra Marcela Sandoval por la fallida compra de la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, y las críticas del Partido Socialista iban en aumento pidiendo cabepor el error jurídico.
El 14 de enero la bancada republicana anunciaba su acusación constitucional en contra de la ministra de Defensa Maya Fernández por su eventual participación como una de las propietarias en la venta de la casa de su abuelo. Finalmente, la ministra renunciaría a su cargo. Al otro día, se sumó ChileVamos y anunció que recurrirían al Tribunal Constitucional por la fallida venta de la casa. Lo que terminó con la senadora Isabel Allende destituida de su cargo en el Congreso de su cargo en el Congreso de su cargo en el Congreso de su cargo en el Congreso.