Autor: César Cárdenas Ruiz

Juzgado de Valparaiso rechaza sobreseer causa por vertimiento de salmones frente a Ancud
RESPONSABILIDAD PENAL La jueza porteña Gigliola Devoto desestimó de la Fiscalía que defendía sobreseer la causar arguyendo que ya el tema se había juzgado, puesto que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción de Ñuble a Magallanes, concluyó en diciembre de 2017 municipio de Ancud no acreditó la existencia del daño ambiental quese habría generado en la costa adyacente de esta comuna chilota. La magistrada aclaro que en tal se persiguió el delito de daño ambiental y noel de prevaricación administrativa, “que es por aquel quese está solicitandoel sobreseimiento definitivo en esta oportunidad”, informó la prensa nacional.
De acuerdo a Cooperativa, Devotó repasó que, si bien Contraloría estimó que la decisión del exjefe de la Directemar en 2016se apegó ala normativa, aquello dice relación con unaresponsabilidad administrativa, “que es distinto a aquello que nos ocupaen este momento, donde se analiza la responsabilidad penal de unfuncionario público”. La jueza también justificó su dictamen aludiendo el mismo carácter “excepcional” de la medida: “Se debe analizar cuál fue que justificó la decisión, en qué antecedentes se basó, sia la fecha de la autorización existían otros antecedentes o informes, si se habría podidotener otros más, en su caso, cuáles. Además, si setuvo reuniones previas con organismostécnicos, informes quese debieran entre sí, como con los otros que puedan existiren la investigación”. EN ELVERANO DE 2016 El FLORENCIMIENTO ALGAL MATO DECENAS DE MILLONES DE SALMONES.
Juzgado de Garantía E: Valparaíso falló ayer favor de no sobreseer la causa por el vertimiento de salmones en 2016, en las costas de Chiloé, la que tiene como uno de los imputados al exdirector de la Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante) Osvaldo Schwarzenberg, vicealmirante en retiro de la Armada, quien autorizó la operación que terminó con miles toneladas de material orgánico en descomposición en las aguas del Pacífico, frente a costas de Chiloé, particularmente Ancud, a unas 75 millas al oeste del faro de Punta Corona. Así en más, comunidades y organizaciones como sindicatos han manifestado su negación al cierre del proceso, logrando de este modo ampliar el plazo para afinar la impugnación. Así lo comentó la abogada querellante Orieta Llauca, quien representa a entidades sociales de Chiloé y Calbuco, provincia de Llanquihue. “Vine de manera simbólica a Ancud; tomé la audiencia donde se comunicaba el fallo de la jueza de garantía de Valparaíso (Gigliola Devoto) que decidía el futuro de esta causa. Afortunadamente nos fue muy bien, hay que recordar que el 21 y 22 de agosto, tanto el fiscal, la defensa como nosotros, los abogados querellantes, vertimos nuestros alegatos”, aseveró la profesional.
En tal sentido, sumó que “el fallo quedaba a la espera de dictación para el día de hoy (jueves). Nos fue bien, la Magistrado no apoyó idea de la Fiscalía al sostener que “se debe analizar cuál fue la razón que justificó la decisión” de parte de la Directemar para autorizar el depósito de peces muertos en 2016, año del “Mayo Chilote”. juez de garantía rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por el Ministerio Público y además dispuso que se debía investigar (ver recuadro)”. Justamente, el fiscal (de la Unidad Regional de Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco), después de mantener la causa desde el 2018 hasta la fecha, presentó una solicitud al tribunal para sobreseer definitivamente la causa, y su decisión de no perseverar, de no continuar con la investigación, “buscando entonces cerrar la causa por el vertimiento de salmones sin culpables”, apuntó.
En esta línea, Llauca añadió que “nosotros después de 5años pudimos ver materialmente la causa en Viña del Mar el 13 de septiembre, pudimos darnos cuenta que justamente pueden ser profundizados e investigados (los datos), pero también nos permitió arribar a la convicción clara de que hay antecedentes que acreditan la existencia del delito contemplado en el artículo 136 de la Ley de Pesca.
Eso nos llevó a presentar una nueva querella; la semana pasada presentamos una nueva querella por ese delito”. La hoy candidata al Senado por la Región de Los Lagos de Apruebo Dignidad contó que “una de las querelladas es la actual subsecretaria de Pesca, la señora Alicia Gallardo, pero además nos permite a nosotros en esta carpeta, la que ya lleva 5 años de tramitación, pedir que se aclaren los puntos dudosos que hay y que la Fiscalía de Valparaíso no ha investigado y que pese a eso pretendía cerrar la causa sin culpables, declarando el sobreseimiento definitivo”. El sobreseimiento definitivo de la causa fue solicitado por el Ministerio Público, entidad que argumentaba que en 2017, el Tribunal ambiental de Valdivia rechazó la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por la Municipalidad de Ancud en contra de Directemar y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Finalmente, la jurista mapuche-huilliche indicó que entre las acciones posteriores, se espera que la defensa y el organismo persecutor apelen a esta decisión.
“JUICIO ORAL” Emol, citando a Fiscalía, publicó que “los querellantes pidieron que no se diera a lugar esta solicitud de sobreseimiento definitivo, porque estimaron que los antecedentes deben ser conocidos por un juez de fondo en un juicio oral”. A Schwarzenberg se le vincula el delito de prevaricación administrativa, por la decisión de Directemar de permitir el vertimiento de millones de kilos de desechos de salmones muertos por el bloom de algas de entonces, frente a las costas de Ancud. Según el Poder Judicial, tal figura legal consiste en que una autoridad o funcionario público dicta “a sabiendas una resolución injusta”. En 2016 la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A. G. (Salmon Chile), solicitó a la Armada permiso para verter 9 mil toneladas de desechos de peces, en la jurisdicción marítima de Puerto Montt. El 4 de marzo de ese año, Directemar, con un informe previo de Sernapesca, autorizó a cuatro empresas tal depósito, conforme al artículo 8 del Protocolo de Londres.
Posteriormente, en pleno “Mayo Chilote”, a Municipalidad de Ancud demandó la reparación del daño ambiental que habrían ocasionado Directemar y Sernapesca, argumentando que producto del actuar de dichos servicios públicos “ocurrieron varamientos de machas, locos, piures y otros recursos bentónicos; así como muerte de aves y presencia de un material verde vis- ” Coso.
DEFENDAMOS CHILOÉ Otra de las voces que se refirió al nuevo capítulo de esta historia es Juan Carlos Viveros, vocero del Movimiento Defendamos Chiloé, quien comentó que “tras casi 6 años de causas judiciales que inició Defendamos Chiloé junto a la abogada Orijetta Llauca, causas llenas de complejidades e impedimentos, es una muy buena noticia que el juzgado de Valparaíso haya decidido rechazar el sobreseimiento definitivo y así poder continuar la investigación”. Tiempo, el ambientista ancuditano adjuntó que “la comunidad chilota se merece un proceso con mayor justicia ambiental. Esperamos que el dolor causado por las empresas que salmones y la falta de rigurosidad de los servicios públicos de la institucionalidad ambiental nunca más vuelvan a repe- ” a

Resumen

Juzgado de Garantía E: Valparaíso falló ayer favor de no sobreseer la causa por el vertimiento de salmones en 2016, en las costas de Chiloé, la que tiene como uno de los imputados al exdirector de la Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante) Osvaldo Schwarzenberg, vicealmirante en retiro de la Armada, quien autorizó la operación que terminó con miles toneladas de material orgánico en descomposición en las aguas del Pacífico, frente a costas de Chiloé, particularmente Ancud, a unas 75 millas al oeste del faro de Punta Corona., RESPONSABILIDAD PENAL La jueza porteña Gigliola Devoto desestimó de la Fiscalía que defendía sobreseer la causar arguyendo que ya el tema se había juzgado, puesto que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción de Ñuble a Magallanes, concluyó en diciembre de 2017 municipio de Ancud no acreditó la existencia del daño ambiental quese habría generado en la costa adyacente de esta comuna chilota., El sobreseimiento definitivo de la causa fue solicitado por el Ministerio Público, entidad que argumentaba que en 2017, el Tribunal ambiental de Valdivia rechazó la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por la Municipalidad de Ancud en contra de Directemar y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

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