Autor: Daniela Ortega Novoa daniela.ortega@estrellaiquique.cl

Contraloría instruye a los servicios regular el uso de viviendas fiscales
Contraloría instruye a los servicios regular el uso de viviendas fiscales on el objetivo de terminar con el uso discrecional de inmueC bles públicos, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el dictamen Nº D263/2026. La nueva normativa actualiza la jurisprudencia vigente y otorga mayores atribuciones a los jefes de servicio para regular y, si es necesario, poner término al beneficio de vivienda fiscal y municipal. Según el organismo fiscalizador, la medida busca erradicar las situaciones de uso ilimitado de estas propiedades. Al establecer límites claros, la CGR pretende asegurar que estas viviendas cumplan su finalidad pública.
En el nuevo criterio, la CGR instruyó a los organismos públicos a cumplir con la actualización de protocolos, en donde los servicios públicos y municipios tienen un plazo de 60 días hábiles para dictar o actualizar sus reglamentos internos sobre asignación y uso de viviendas. También solicitó transparencia en la gestión, en donde la asignación o término del beneficio deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado. Además, los nuevos protocolos deberán incluir mecanismos para monitorear el pago oportuno de consumos básicos, gastos comunes y otros costos a cargo del funcionario.
TARAPACÁ Recientemente, en Tarapacá se cuestionó que el exseremi de Bienes Nacionales, Osvaldo Ardiles, mantuviera el beneficio de vivienda fiscal recibido cuando se desempeñaba como funcionario del Gobierno Regional y continuara utilizándolo durante su cargo como secretario regional ministerial. La ex autoridad confirmó que ya hizo entrega de la vivienda al Gobierno Regional, según la fecha establecida con la entidad. Por su parte, los parlamentarios de la región resaltaron el dictamen de Contraloría.
El senador Renzo Trisotti (REP), fue enfático en señalar que los bienes fiscales deben estar al servicio de las necesidades institucionales del Estado y no transformarse en espacios para privilegios ni discrecionalidad. "Por eso, este dictamen de la Contraloría va en la línea correcta de fortalecer un principio básico de la función pública como es mayor transparencia y un uso responsable de los recursos públicos que son limitados, lo que concuerda con las exigencias ciudadanas de probidad y con las establecidas por el gobierno". En la misma línea, el diputado Carlos Carvajal (PPD) dijo que el dictamen es un paso fundamental para fijar un estándar orientado al buen uso. "Al establecer plazos máximos de uso, criterios claros de mantención, entre otros elementos, es una señal clara que no solo se están administrando inmuebles, sino que se debe garantizar que los recursos se utilicen bajo estándares de probidad y eficiencia. Sin duda, un mensaje claro de que en el Estado la transparencia, el buen uso de recursos públicos, la responsabilidad y control, son la norma para fortalecer nuestras instituciones". Asimismo, la diputada Ximena Naranjo (Ind.
UDI), manifestó que "me parece una medida necesaria y que llega tarde, porque durante años vimos cómo un beneficio pensado para atraery apoyar a funcionarios públicos terminó, en algunos casos, transformándose prácticamente en un privilegio permanente". En tanto, el diputado Álvaro Jofré (PNL), expresó que el dictamen de Contraloría va en la dirección correcta, "porque viene a poner orden en un sistema donde por mucho tiempo hubo vacíos y casos evidentes de mal uso de viviendas fiscales. Aquí hay que ser claros, los bienes del Estado no son beneficios indefinidos ni espacios para privilegios. Estas viviendas cumplen una función pública y, por lo mismo, tienen que tener reglas claras, plazos definidos y fiscalización real". Autor: Daniela Ortega Novoa daniela.ortega@estrellaiquique.cl. Tendrán 60 días hábiles para actualizar sus protocolos de asignación. LA NORMATIVA BUSCA ERRADICAR EL USO ILIMITADO DE INMUEBLES ESTATALES.