COLUMNAS DE OPINIÓN: Vuelta de timón para el proyecto embalse Punilla
COLUMNAS DE OPINIÓN: Vuelta de timón para el proyecto embalse Punilla Opinión Vuelta de timón para el proyecto embalse Punilla Ricardo Pérez Tirapegui Académico Escuela de Administración y Negocios Universidad de Concepción L o que muchos anticipaban finalmente ocurrió: las 21 empresas que habían adquirido las bases de licitación decidieron no postular a la concesión para la construcción del embalse Punilla. Las razones exactas se desconocen; podrían deberse a problemas de factibilidad técnica, económica, ambiental, legal o una combinación de todas ellas.
El historial del embalse muestra un retraso injustificable: tras 90 años de espera, la primera licitación fue adjudicada en 2016 a la empresa Astaldi, la cual abandonó la obra en 2021 debido a inconsistencias en los cálculos del agua embalsada. El Estado debió indemnizar a la compañía con 18 millones de dólares.
Entre 2021 y 2025 se realizaron nuevos intentos de licitación, todos fallidos, lo que dejó una situación compleja: desgaste emocional de las comunidades, estudios técnicos y legales obsoletos, detractores que se sienten excluidos y una ciudadanía que no logra dimensionar la relevancia del proyecto. Ante este escenario, surge una solución que, aunque debió haberse implementado hace años, ha sido recientemente aprobada por las autoridades.
El 23 de junio del presente año, el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego (CNR) aprobó por unanimidad autorizar a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a retomar el proceso de construcción del embalse --ahora denominado Nueva La Punilla-mediante el D.F.L. 1123. Este decreto, emitido por el Ministerio de Justicia, tiene como objetivo fomentar el riego en Chile y regular la construcción y administración de obras de riego financiadas con fondos estatales, asegurando su eficiencia y mantenimiento.
Se trata de un proyecto de carácter multipropósito, definido por el Consejo de Ministros de la CNR como una obra destinada no solo al riego, sino también al abastecimiento de agua para consumo humano, control de crecidas, desarrollo turístico y deportivo, prevención de incendios, generación de energía y conservación ambiental, entre otras. Resulta fundamental replantear el proyecto y definir con claridad sus alcances, evaluar sus beneficios y desventajas, identificar si requiere modificaciones e incorporar de manera real y efectiva la participación ciudadana. El bien común debe ser el eje central, evitando tanto exagerar las demandas como minimizarlas.
En este proceso, deben considerarse actores clave: los propietarios de los terrenos expropiados, la conservación del ecosistema del río Ñuble y su biodiversidad, las obras de mitigación en las comunas cercanas, la red de transmisión eléctrica y, en general, la comunidad local y nacional. Es indispensable comprender que este no es únicamente un proyecto para los regantes del río Ñuble, sino una iniciativa estratégica para la región y el país. Es momento de un cambio de rumbo. Se requiere establecer una hoja de ruta clara y acotada --con un plazo máximo de dos años-para realizar los estudios técnicos, legales, medioambientales y sociales necesarios.
Esto debe incluir la conformación de un consejo regional permanente que lidere el proyecto, la participación activa de autoridades verdaderamente comprometidas (más allá de los periodos electorales) y la incorporación efectiva de representantes de las comunidades involucradas..