Nueva cárcel de máxima seguridad en Santiago sigue sin avance y proceso de licitación no se iniciaría en este gobierno
Nueva cárcel de máxima seguridad en Santiago sigue sin avance y proceso de licitación no se iniciaría en este gobierno Fueron cuatro menores de edad asesinados en cinco días y contándolos al menos 18 víctimas de homicidios. Así se vivieron los días entre el 12 y 16 de julio de 2024, cuando la crisis de seguridad se encontraba en uno de sus momentos más complejos. El año anterior se habían registrado 1.249 homicidios consumados y en el primer semestre de 2024 ya sumaban 585 asesinatos. Ese, en parte, fue el motivo que llevó al Presidente Gabriel Boric a anunciar una serie de medidas para combatir la delincuencia. Aunque la más llamativa era un proyecto a largo plazo para controlar la criminalidad organizada y el hacinamiento en las cárceles. “He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad. Para esto enviaré al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran años”, anunciaba el mandatario el 18 de julio de 2024. Las críticas no se hicieron esperar debido a que la construcción de un nuevo penal podría superar fácilmente una década. Aun así, había optimismo en el Ejecutivo. “Quisiéramos que el próximo año estemos ya trabajando en obras en el lugar.
Y para eso el Parlamento va a tener que decir este proyecto se salta una serie de trámites, se salta una serie de permisos, se va a hacer ciertamente con prudencia, con cuidado, pero priorizando tiempos de ejecución rápidos”, declaró la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá.
El proyecto al cual se referían el Presidente y la secretaria de Estado es la Ley 21.783, la que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. n Las obras deberán iniciar “durante el primer trimestre del próximo año” En agosto de 2024, un mes después del anuncio, Luis Cordero, actual ministro de Seguridad, quien en ese momento se desempeñaba como titular de Justicia, explicó en el programa “Estado Nacional” de TVN que “uno tiene que ser muy cuidadoso con el establecimiento de plazos”. Sin embargo, se aventuró a asegurar que “creo que lo correcto es afirmar que las obras deberán estar siendo iniciadas durante el primer trimestre del próximo año”. Es decir, entre enero y marzo del año pasado.
Un año después de las afirmaciones de Cordero, en octubre de 2025, el subsecretario de Justicia Ernesto Muñoz explicaba a “El Mercurio” que “la relicitación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 contempla una ampliación de 1.600 nuevas plazas, junto con la reparación y rehabilitación del actual recinto, que hoy cuenta con 4.000 plazas, y la construcción de nuevos edificios de apoyo que permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad del establecimiento”. Y respecto de su estado de avance, detallaba que era necesaria la aprobación de la Ley 21.783, lo cual fue resuelto durante ese mismo mes.
Además, en ese entonces, comentaba que “las bases de la relicitación se encuentran en la Contraloría General de la República para la toma de razón, y una vez concluido ese trámite se procederá al llamado a licitación, previsto para el cuarto trimestre de 2025”. Así, las intenciones de comenzar la construcción del penal durante el año pasado se esfumaban. n Contraloría estaría a la espera de decreto para la toma de razón Durante las últimas semanas, este medio consultó al Ministerio de Justicia por el estado de avance de la construcción. “Actualmente, las bases de relicitación del Centro de Detención Preventiva Santiago I se encuentran en Contraloría General de la SOBREPOBLACIÓN. La actual cárcel de Santiago I está diseñada para 4 mil imputados. Sin embargo, según datos de Gendarmería, contaba con 6.650 internos al 31 de diciembre de 2025, un 166,3% de su capacidad. República para toma de razón, desde septiembre del año pasado. Una vez concluido ese trámite, se procederá al llamado a licitación”, dijeron.
A su vez, desde Contraloría señalaron que el documento está “en estudio”. Sin embargo, conocedores del proceso, de diversas instituciones, sostuvieron que efectivamente el decreto ingresó en septiembre para su toma de razón, pero que todavía está en estudio puesto que se espera el ingreso de un decreto que debe dictarse para la aplicación de la Ley 21.783.
Se trata de un decreto supremo en el que el Presidente de la República mencione las cárceles que serán construidas o ampliadas bajo este régimen de construcción exento de trámites que provocan la demora en la edificación de penales.
La razón: el artículo primero de la Ley 21.783 dispone: “La presente ley es aplicable a aquellos proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que el Presidente de la República determinará mediante un decreto supremo debidamente fundado”. Los consultados advirtieron que dicho decreto sería fundamental para la toma de razón de Contraloría. Y, a pesar de ello, habría sido enviado apenas hace una semana desde el Ministerio de Justicia a la cartera de la Secretaría General de la Presidencia, donde continúa en trámite por haberse recibido recientemente.
Este medio consultó a Justicia sobre esto, pero no obtuvo respuesta. n Cierre de pasajes, luminarias, cámaras y control de velocidad Otro de los elementos que a lo largo del proceso ha sido de relevancia y ha influido en la demora del mismo son las medidas de mitigación para minimizar el impacto de la ampliación en los vecinos.
Sin embargo, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) respondieron a este medio que “no existen gestiones pendientes para la toma de razón de las bases de licitación de Santiago”. También, que “El MOP, a través de la Dirección General de Concesiones, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su calidad de mandante, han dado respuesta a todas las consultas formuladas por la Contraloría General de la República como parte del examen de legalidad que corresponde efectuar a este organismo”. Por eso, afirman, “en el caso de las medidas de mitigación, estas se encuentran reguladas en dichas bases de licitación como parte de las obligaciones que deberá ejecutar el concesionario en cumplimiento de su contrato, por lo que no condicionan la toma de razón”. Sobre las medidas concretas, dijeron: “El concesionario deberá realizar obras adicionales destinadas a beneficiar a los usuarios y a la comunidad, por un monto máximo de UF 100.000 ”. Según explicaron, esta regulación se diseñó en el contexto de una nueva política de Estado destinada a reconocer y abordar el impacto que tiene para la comunidad no solo Santiago 1, sino toda infraestructura penitenciaria, y se ajusta a lo dispuesto en la Ley N 21.783 ”. En el caso de Santiago 1, puntualizaron, “ya se han iniciado gestiones con los vecinos de las comunidades aledañas al recinto penitenciario para coordinar la realización de obras tales como cierre de pasajes, cambio de luminarias públicas, instalación de nuevas luminarias públicas, instalación de cámaras de vigilancia, instalación de sistemas y mecanismos de control de velocidad de desplazamiento de vehículos”. CAPACIDAD La “nueva” cárcel sería una ampliación de Santiago I, la cual añadiría 1.600 nuevos cupos.. Las bases para la relicitación se encuentran desde septiembre de 2025 en Contraloría. Quienes conocen del proceso apuntan a que falta un decreto que se encuentra en tramitación en la Secretaría General de la Presidencia. A pesar de compromiso de empezar construcción durante el año pasado: CAPACIDAD La “nueva” cárcel sería una ampliación de Santiago I, la cual añadiría 1.600 nuevos cupos.