Autor: MATÍAS ACEVEDO F.

Columnas de Opinión: EDUCACIÓN SUPERIOR: FINANCIAMIENTO RESPONSABLE
Columnas de Opinión: EDUCACIÓN SUPERIOR: FINANCIAMIENTO RESPONSABLE En una carta publicada el domingo en este medio, el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos se preguntaban si había una mejor manera de utilizar los recursos públicos que hoy se desembolsan por el Crédito con Aval del Estado (CAE). Las autoridades realizaron un análisis crítico del funcionamiento actual del CAE, que no repetiré y que, salvo algunos matices, comparto.
Sin embargo, a ese análisis se debe agregar que este Gobierno comprometió en su programa una condonación universal del CAE (p. 139, programa gobierno Presidente Gabriel Boric). Por esto, no es de extrañar que la morosidad del CAE haya escalado desde un 40% a casi el 60% entre fines de 2021 y 2024, generando una mayor (y no menor) presión fiscal, las mismas presiones que hoy las autoridades buscan minimizar. Ahora bien, quienes cuestionan el FES en general no defienden el CAE. Mas bien la propuesta alternativa es contar con un crédito contingente al ingreso (CCI) y no impuesto a los graduados como se le conoce a un sistema de las características del FES. Por lo tanto, la comparación del impacto fiscal se debe hacer entre estas dos alternativas y no contra CAE.
Para comparar cuál alternativa utiliza mejor los recursos públicos hay que partir de un supuesto básico: ambas propuestas pueden ser administradas por el Estado y su recaudación gestionada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Es decir, esos atributos no son exclusivos del FES, como a veces se sugiere.
Mientras en un CCI el plazo y tasa de interés (2% real anual) son conocidos, en un impuesto a los graduados el plazo es incierto y la tasa de interés implícita podría llegar hasta 17% real anual. Es decir, hasta más de ocho veces la tasa implícita de un crédito contingente.
Es razonable esperar, entonces, que los incentivos al llamado “comportamiento oportunístico” sean mayores entre los egresados del FES que entre quienes opten por un crédito contingente al ingreso (CCI). Por la misma razón, los estudiantes sujetos a condiciones de pago más gravosas bajo el FES tenderán a buscar alternativas para eludir los pagos, lo que deterioraría la sostenibilidad “autocontenida” que proclama el proyecto. Estas razones son más que suficientes para esperar que, en valor presente del beneficio fiscal de un CCI administrado y cobrado por SII, sea superior al que proyectan las autoridades para el FES. Hay otra diferencia crucial, que las autoridades no ocultan, pero tampoco explicitan en su carta. El proyecto trasciende lo meramente fiscal. La eliminación del copago y el financiamiento limitado al arancel regulado transforman de raíz la relación entre las instituciones de educación superior (IES) y el Estado.
Las instituciones de educación superior que opten por el FES quedarían mucho más dependientes de la asignación pública para financiarse, lo que constituye una amenaza directa a la autonomía universitaria y el desarrollo de la investigación de calidad. No es casualidad que muchas instituciones, aun cumpliendo los requisitos, hayan optado por mantenerse al margen de la gratuidad. En síntesis, si la comparación fuera estrictamente fiscal, las diferencias entre opciones se reducirían esencialmente a la conducta esperada de los egresados, entre un sistema que podría cobrar hasta 3,5x el valor de la carrera. Por eso la comparación adecuada del FES no es con el CAE sistema que esta administración terminó por enterrar al prometer su condonación universal sino con un CCI, administrado y cobrado por el Estado. En respuesta a la pregunta inicial de las autoridades, si es que existe una forma de aprovechar los recursos públicos hoy destinados al CAE, la respuesta es afirmativa.
Aprobar de inmediato una condonación parcial del CAE y, en paralelo, diseñar e implementar un crédito contingente al ingreso administrado y recaudado por el SII, con reglas transparentes y tasas de interés razonables para los egresados. Ese esquema permitiría atender la urgencia y mitigar las presiones fiscales, sin restringir la autonomía ni el financiamiento de las instituciones de educación superior.. Análisis